Los fundamentos éticos de la resistencia civil

En el juego de las relaciones de poder, existen ciertas formas de resistencia y lucha que oponen y confrontan a dos o más poderes entre sí. Las formas de oposición de poderes pueden ser más o menos violentas, en un continuo que va de la Conquista, la Colonización y la Revolución, hasta la lucha política no violenta. El problema de la legitimidad de toda revolución (¿es la revolución un medio legítimo para librarse un pueblo de la opresión de un tirano...?) ha sido planteado constantemente en la historia. En el fondo de este problema se encuentra un dilema ético especialmente importante: ¿es justo oponerse a la injusticia?

En 1891 Mohandas Gandhi se trasladó a Natal, en Sudáfrica, y ahí decidió no aceptar la injusticia como parte del orden natural y defender su dignidad como habitante originario y como ser humano. Ahí concibió el fundamento de la resistencia pasiva -el satyagraha-, y el método para reparar la injusticia basado en el sufrimiento para resistir al adversario, sin rencor en la táctica y sin violencia en la lucha.

El dilema ético que se encuentra detrás de toda forma de resistencia civil es: ¿legítimo o se justifica desobedecer una ley?, ¿Está justificada, desde el punto de vista moral, la oposición a los actos del poder público? La cuestión no es nueva y ha sido planteada desde hace más de dos mil años.

En la segunda mitad del siglo V a.C. Hippias de Elis distinguió entre la ley natural y las leyes civiles. Para Hippias, las leyes civiles tiranizan a los hombres y les obligan a acciones contrarias a la naturaleza, por lo que la ley natural debe prevalecer sobre éstas. La idea de una ley natural no sólo está en la base del pensamiento político de la Escolástica, sino en la del pensamiento iusnaturalista posterior. Si la ley natural es la más adecuada, entonces la ley civil debe acercarse lo más posible a ésta.

El dilema planteado en el Gorgias de Platón es urgente: ¿es peor ser víctima de una injusticia o cometer una injusticia? Este dilema sigue vigente. Si la justicia es una virtud eminentemente política que tiende al establecimiento de un orden, entonces ser injusto es romper o alterar este orden y atentar contra la comunidad política. Así, oponer a una injusticia otra injusticia, equivale a causar(se) más daño del que ya se ha hecho. He aquí entonces un primer matiz fundamental en la consideración de la resistencia civil: no debe ser injusta, no debe oponer actos iguales a actos iguales (violencia con violencia, calumnia con calumnia, etcétera.) ya que sólo así garantiza su plena justificación moral; como decía Jonathan Schell: “...el movimiento polaco no ha crecido asemejándose a sus oponentes; su respuesta a la violencia totalitaria y a la mentira no han sido la violencia y la mentira... al contrario, con una rotura radical ha cedido completamente estos instrumentos a su adversario gubernamental y ha buscado su fuerza en fuentes totalmente diversas que incluyen especialmente las actividades pacíficas multitudinarias de una vida civil”.

El dilema ético es llevado por Santo Tomás de Aquino al plano legal en la Suma Teológica. La quaestio es que: “Parece que quien está sujeto a la ley no puede actuar si no es ajustándose a sus términos”. Tres argumentos se dan a favor, pero Santo Tomás considera que: “... toda ley se instituye para el bien común de los hombres, y tiene fuerza de ley en tanto se dirige a tal fin; pero si se aparta de él, ya no tiene fuerza obligatoria”. (I-II q. 96 a 6). Así, la condición para que una ley sea desobedecida es que atente contra el bien común, de alguna manera; pero por la misma razón, todo acto de resistencia no debe atentar tampoco contra el bien común: por ejemplo, deben respetarse los espacios y los bienes y servicios públicos, deben respetarse las propiedades y el tiempo de las personas, así como los usos y costumbres. Un ejemplo sublime de esta resistencia fue la histórica huelga de hambre emprendida en 1986, ante el ominoso fraude en Chihuahua, por Luis H. Álvarez, Francisco Villarreal y Víctor Manuel Oropeza; huelga que duró un récord absoluto de 41 días y se levantó finalmente el 9 de agosto.

No existe, sin duda alguna, peor injusticia que la que se da desde el poder público en formas por demás diversas: leyes lesivas de derechos, restricciones a los derechos humanos, decretos expropiatorios irracionales, impuestos excesivos, atropello reiterado de las minorías en aras de mayorías tiránicas, fraudes descomunales, etcétera. Estas y otras formas, que se han dado a lo largo de la historia han detonado movimientos revolucionarios, secesiones y guerras independentistas y grandes cambios sociales.

Terminemos con las ideas del genial Maquío, un férreo practicante y defensor de la lucha política no violenta: “La legitimidad de la autoridad se adquiere originalmente mediante elecciones libres, justas, transparentes y respetuosas del voto. Después la legitimidad se tiene que renovar continuamente mediante el ejercicio del mando, si este va orientado por la recta razón hacia el bien común.

“Pero cuando la autoridad no adquiere legitimidad de origen o la pierde durante su actuación, ya por haber tomado el poder mediante un fraude, o porque rebasa toda moral, justicia y derecho, y oprime a los ciudadanos, éstos tienen el deber de luchar por restaurar las exigencias objetivas del bien común, que proclama defender los derechos ciudadanos y resistir contra el abuso de tal autoridad dentro de los límites de la no violencia, ya que ésta si se usa, introduce nuevos desequilibrios y provoca nuevas ruinas. No se puede, generalmente, combatir un desorden social al precio de un desorden social mayor.

“Así pues, en presencia de una autoridad ilegítima, que evidente y prolongadamente atenta contra los derechos humanos y daña peligrosamente el bien común del país, sólo caben cuatro soluciones:

1. Complicidad, colaborando con la autoridad ilegítima e injusta.
2. Sumisión pasiva y silenciosa. Aceptación del desorden y la injusticia. Complicidad por omisión.
3. Rebelión violenta, de muy difícil justificación moral y resultados negativos.
4. La resistencia Civil Activa y Pacífica.

Estamos ante la presencia de un sistema cuya ilegitimidad está totalmente probada, toda vez que en forma evidente, prolongada y reiteradamente daña el bien común, no respeta los derechos humanos, rebasa la moral, la justicia y el derecho, recurre continua y cotidianamente el fraude electoral, no tiene más finalidad que reproducirse a sí mismo en el poder y por ello ha empobrecido y envilecido el pueblo. Están pues, todas las condiciones para que cada quien defienda su postura”.