Al cierre de esta edición el régimen autoritario de Morena pretende acabar con elecciones libres y democráticas, como las que hemos tenido en nuestra joven democracia y que han permitido alternancia con estabilidad social. “Modificar un sistema que funciona bien en general y que goza de la confianza de las diferentes partes, después de varios ciclos electorales y de años de evolución democrática, hace correr de forma inevitable el riesgo de que esa confianza se tambalee”, destacó el Consejo de Europa al advertir sobre los riesgos de la reforma electoral planteada por López Obrador.

El gobierno de Morena amenaza la autonomía de las instituciones democráticas y la propuesta de reforma electoral que pretende imponer en el Congreso en los próximos días, representa un riesgo de retroceso democrático muy grave. El gobierno quiere un árbitro electoral “a modo” para alinear a consejeros y magistrados a su voluntad, tal como lo ha hecho con otras instituciones, de tal manera que las autoridades encargadas de regular los procesos electorales le permitan ir al 2024 sin reglas, ni obstáculos.

La dirigencia nacional, encabezada por Marko Cortés Mendoza, ha sido muy clara en que el Partido Acción Nacional actuará en defensa de la democracia porque es el mandato que recibimos del electorado en el 2021. Los legisladores panistas darán una nueva y gran lucha para no dejar pasar una reforma electoral que atente contra el Instituto Nacional Electoral, organismos públicos locales, el Tribunal Federal y locales.

El presidente quiere destruir nuestra democracia, quiere acabar con la transparencia, con la rendición de cuentas, está en contra de organismos autónomos y de libre decisión, de órganos que realizan auditorías, que cuestionan y tiene aversión por toda institución crítica que lo obligue a rendir cuentas o que ponga en tela de juicio los supuestos logros que pregona diariamente. El presidente quiere un árbitro débil para tener más poder en 2024, lo quiere a modo, lo quiere de su lado, como a los miembros de su gabinete, gobernadores y militantes de Morena, incapaces de cuestionar sus decisiones totalitarias y arbitrarias.

Paradójicamente, López Obrador llegó al poder en unas elecciones democráticas conducidas por el Instituto Nacional Electoral. Desde su triunfo, el presidente no ha hecho más que dividir al país y profundizar los grandes problemas nacionales, como la creciente violencia en todo el territorio nacional, también ha afectado más a las familias pobres; ha militarizado al país y hoy quiere acabar con un sistema multipartidista y eliminar normas para elecciones justas y democráticas, lo cual conducirá a una tiranía si el pueblo de México permite el atropello. Acción Nacional está en pie de lucha y convoca a las y los mexicanos a evitar que un solo hombre o un solo grupo usurpen el poder que pertenece a la ciudadanía.

Al cierre de esta edición el gobierno no ha podido desmentir un solo dato del caso Guacamaya Leaks. Tampoco ha movido un dedo contra los políticos y los criminales denunciados. Esto prueba, por un lado, la solidez de la investigación del Ejército, y, por otro, la indolencia del gobierno, el cual prefiere cruzarse de brazos en lugar de actuar contra los delincuentes.

Al no actuar en contra de los gobernadores morenistas señalados de tener vínculos con el narcotráfico, el presidente implica que esos nexos tienen su visto bueno y tienen objetivos políticos de cara a la contienda presidencial del 2024. Al solapar los nexos de su secretario de Gobernación con los cárteles de la droga, el presidente revela que está dispuesto a entregar más territorio nacional al crimen organizado a cambio de que Morena mantenga el poder. Ese mismo secretario de Gobernación aparece mencionado por el Ejército como presunto implicado en una red de huachicoleo de Dos Bocas. Después de leer El Rey del Cash se entiende muy bien como financian las campañas en Morena.

El presidente no quiere que se investigue y castigue el hackeo a la Sedena porque sabe muy bien que saldrá muy mal parado y se habrán de confirmar posibles delitos graves. Pero ya se sabe cómo actúa este gobierno. Al cierre de esta edición el amigo del presidente, el Fiscal para Delitos Electorales, José Agustín Ortíz Pinchetti, acaba de exonerar a Pío López Obrador a pesar de que todos vimos los videos en los que recibe dinero “para el movimiento”. Las pruebas ahí están, pero la élite en el poder goza de cabal impunidad.

 

Felipe de Jesús González Castañeda es Secretario de Comunicación del CEN del PAN.

Twitter: @Felipe0465