La participación y representación de la ciudadanía no han tenido siempre la misma forma de expresarse, sin embargo, en este momento de nuestra historia estos conceptos se encuentran estrechamente vinculados con lo que conocemos hoy como democracia, debido a la naturaleza y el sentido propio que ha ido adquiriendo de apertura e inclusividad.

Si bien, el camino ha sido largo para encontrar espacios que combinen las esferas política y social, los presupuestos participativos han sido una herramienta eficaz que fortalece la descentralización en la toma de decisiones y da un empuje hacia una verdadera democratización de los municipios y gobiernos locales, todo esto tomando en cuenta la conciencia colectiva, la identidad cultural, las formas asociativas, los conflictos sociales y urbanos, y las bases de cada demanda social dentro de las comunidades, en otras palabras, otorga un poder ciudadano a las decisiones de gasto público de cualquier gobierno en los órdenes local y federal.

Aunado a lo anterior, la descentralización es, justamente, pieza clave y medular para delimitar los microcosmos internos y favorecer los equilibrios territoriales cuando hablamos del orden de gobierno más cercano a los ciudadanos, los municipios. Estas acciones contribuyen a ampliar el acceso a los derechos de participación y a la movilización ciudadana y han significado un gran impacto a nivel internacional.

El caso de América

Para América Latina específicamente, el Presupuesto Participativo ha otorgado múltiples resultados (tan diversos como lo son los países que lo han implementado), tratando de reducir en cada oportunidad la brecha entre la ciudadanía y las autoridades gubernamentales, principalmente en el orden local. Por mencionar algunos, al comienzo de su implementación, el caso peruano reveló la fuerte desconfianza de la ciudadanía hacia el gobierno, debido a que en estos primeros intentos se llevó a cabo un proceso demasiado técnico que terminó por desincentivar la participación; el caso de Bolivia presentó algunos resultados más relevantes, como la creación de la Ley de Participación Popular de 1994, en donde se instauró la figura de los Comités Ciudadanos de Vigilancia.

 

El caso mexicano

Los primeros casos reconocidos surgieron en el municipio de San Pedro Garza (Nuevo León) y en los alrededores de Monterrey, muy cerca de finales de los noventa, sin embargo, estas primeras experiencias no alcanzarían el grado de institucionalidad; situación que veríamos con más fuerza a partir de los años dos miles en el país; proceso que estaría basado en la experiencia de Porto Alegre, Brasil, y que se reflejarían en la (en ese entonces) delegación Cuauhtémoc y Tlalpan, para poco después adaptarlo en toda la Ciudad de México y el municipio de Naucalpan con sus propias limitaciones, pero como ejercicios importantes.

Ahora bien, lo realmente relevante es tener conciencia de que el presupuesto participativo consiste en una forma de gestión del presupuesto, en la cual la población de la comunidad, a través del desarrollo de jornadas participativas, debate acerca de las prioridades presupuestarias por áreas temáticas. Si bien, cada demarcación es capaz de definir los mejores parámetros para implementarlo, se concentran varios elementos que lo definen de manera integral:

  • Es un instrumento necesario para un gobierno democrático que promueve el interés y la participación efectiva de la ciudadanía en los asuntos públicos, particularmente en la orientación de una parte del presupuesto municipal destinado a mejoras y el desarrollo local.
  • Es una estrategia de democratización de las relaciones entre el gobierno y la ciudadanía y forma parte del proceso de planeación participativa sobre el rumbo de la ciudad, así como de atención a las zonas históricamente excluidas de los servicios públicos.
  • Es un mecanismo que ofrece condiciones básicas para el debate de la población y el gobierno local sobre las prioridades del gasto público y las necesidades de la población, la transparencia sobre los recursos y el control ciudadano sobre el presupuesto, en el marco del Plan de Desarrollo Municipal.
  • Es un instrumento metodológico de mediación, concertación y legitimación entre el gobierno local y la ciudadanía.

 

Este tipo de herramientas incentivan a que el ciudadano no limite su participación al voto, (es decir, solo al ámbito electoral), sino que también pueda decidir y opinar al respecto de los gastos y gestión del gobierno, esto quiere decir que deja de ser un coadyuvante de la política tradicional para ser protagonista permanente de la gestión pública, como lo indica Ubiratán de Souza a partir de su estudio en la experiencia de Porto Alegre.

Las y los presidentes municipales humanistas creemos que es de vital importancia continuar impulsando las herramientas que empoderan y dan voz a la ciudadanía y a los gobiernos locales, reconociendo que sólo quienes experimentamos de primera mano las necesidades en nuestra comunidad podremos tomar las mejores decisiones para resolverlas o dar la pauta para que sean atendidas; así, en conjunto con la Asociación Nacional de Alcaldes, trabajamos día con día para escuchar y trabajar por nuestras comunidades.

No hay que olvidar que el Presupuesto Participativo tiene mucho que ver también con los procesos sociales de nuestras entidades y el nivel de involucramiento que establezcamos, por eso es vital continuar involucrándonos desde cada orden de gobierno, es decir, fortalecer la democracia en el mismo sentido en que se fortalece el sentido de comunidad y cercanía para transitar de manera orgánica a una división de los recursos con un enfoque social. Somos defensores de que los municipios sean vistos como escuelas de ciudadanía y como espacios de proximidad entre gobernados y gobernantes, asimismo, vistos como herramientas para la descentralización del estado y la dispersión del poder político sobre el territorio; por ello, proyectos como los presupuestos participativos toman tanta relevancia para los municipios mexicanos.

Cabe resaltar que el Presupuesto Participativo tiene como sustento la participación de todas y todos quienes conformamos a la ciudadanía y posee miras hacia un futuro donde se instaure una democracia participativa, la cual se basa en la capacidad de los ciudadanos y de su incidencia en la toma de decisiones en lo público, así como la planeación y la gestión de su territorio en el marco del ejercicio de los Derechos Humanos reconocidos y no reconocidos en las demarcaciones locales. Continuemos trabajando por la ciudadanía de las y los mexicanos, por los gobiernos locales. Por un México fuerte con Municipios fuertes.

 

José Antonio Arámbula López es Presidente Municipal de Jesús María, Aguascalientes.