La transición mexicana a la democracia no tiene buena prensa, no cuenta con buena fama: nadie la defiende, muy pocos la reivindican. Se ha dejado que crezca esa narrativa, tan repetida por el actual gobierno, que asegura que el auténtico cambio que nos llevó a la democracia ocurrió en julio de 2018: antes fueron puras componendas entre el PRI y el PAN (“el PRIAN”) que, durante el periodo neoliberal, se repartieron el poder y crearon instituciones para tal propósito.

La realidad, sin embargo, es muy distinta: la transición mexicana transformó un régimen tremendamente autoritario en una democracia imperfecta, sí, pero que permitió tres alternancias en el Poder Ejecutivo Federal y que construyó instituciones muy importantes para mejorar la vida de las personas.

No hay un consenso ni entre politólogos ni entre historiadores acerca de cuándo empezó la transición mexicana a la democracia, tampoco de cuándo concluyó. Sin embargo, podemos hablar de una fecha clave: 1988. En ese año se llevaron a cabo unas elecciones presidenciales que verdaderamente fueron un parteaguas; ya nada volvió a ser igual desde entonces. Un desgajamiento por la izquierda del viejo sistema posrevolucionario compitió contra el candidato oficial y contra una alternativa clasemediera de centro-derecha que recogía los frutos de décadas de trabajo cívico. Nunca sabremos realmente quién ganó aquella elección presidencial, pero lo cierto es que el nuevo presidente, Carlos Salinas de Gortari, se vio obligado a reconocer triunfos electorales de la oposición e implementar un conjunto de reformas económicas y políticas que iniciaron una democratización paulatina y gradual del viejo régimen. Uno de los primeros frutos de aquellas reformas fue el Instituto Federal Electoral, creado en 1989 y que alcanzó su plena autonomía y ciudadanización en 1996, durante el sexenio de Ernesto Zedillo.

Diversas reformas electorales en aquellos años crearon también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y permitieron por primera vez la elección popular y directa del Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal. Como consecuencia de esos cambios, en 1997 el otrora partido hegemónico perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y en 2000 se produjo la alternancia en el Ejecutivo Federal. En el ínter, diversas alternancias se produjeron en decenas de estados y municipios.

En toda esa construcción democrática participaron personajes de muy diversas tendencias políticas. Por un lado, los líderes del PAN insistieron en la democratización por la que habían peleado tercamente desde su fundación en 1939. Por otro lado, líderes de la izquierda renunciaron a la idea de la revolución socialcomunista y participaron en la construcción democrática de una nueva institucionalidad electoral. Y también hay que reconocer la aportación de priistas demócratas que escucharon el clamor de la sociedad y accedieron a cambios que, en el fondo, los condenaban a perder espacios de poder.

Por supuesto que no todo fue color de rosa. La naturaleza del régimen posrevolucionario, diferente a cualquier otro sistema autoritario en el mundo, hizo que la transición mexicana fuera también especialmente sui géneris. Pervivieron muchas de las instituciones y grupos de interés, y la lógica gradual del cambio impidió una ruptura profunda con el pasado, como quizá hubiera sido lo ideal. La falta de mayorías legislativas de los dos gobiernos panistas -entre 2000 y 2012— implicó también voltear para otro lado a la hora de hacer ajustes de cuentas con el pasado, lo cual, por otro lado, quizá era el precio doloroso pero necesario que había que pagar para mantener un país con relativa estabilidad y paz. El regreso priista en 2012 estuvo acompañado no solamente de reformas fundamentales para la economía mexicana, sino también de una buena dosis de corrupción e ineptitud.

Pero a pesar de eso, México fue capaz de construir una democracia plena y vigorosa, con instituciones fuertes, con órganos constitucionales autónomos que garantizaban el ejercicio de derechos fundamentales, con libertades públicas inéditas. Todo ello hoy se encuentra amenazado.

Por eso es necesario defender y reivindicar la transición mexicana a la democracia como un periodo de tiempo en el que los actores políticos tuvieron la capacidad de dialogar y negociar cambios de enorme relevancia que hicieron de México un país mejor. Sin duda, esos cambios eran insuficientes y eran el punto de partida para transformaciones más hondas, sobre todo en lo relativo al desarrollo económico y social. Pero pensar que todo eso se tiene que destruir sin mayor análisis para sustituirlo de forma arrogante por la ocurrencia del día de quien se cree el primer hombre sobre la tierra, es algo absolutamente demencial.

 

Fernando Rodríguez Doval es Secretario de Estudios y Análisis Estratégico del CEN del PAN.

Twitter: @ferdoval