Luego de la tragedia ocurrida en la línea 12 del Metro, los mexicanos seguimos consternados por estos hechos que acabaron con la vida de 26 personas y que dejaron 70 heridos. En Acción Nacional estamos en duelo y compartimos el dolor de todos aquellos que perdieron algún familiar, conscientes del enorme vacío que dejaron y de las graves afectaciones para sus familias.

Es difícil olvidar las imágenes del Metro desplomándose, así como las de los familiares desesperados en busca de sus seres queridos sin que alguien les diera información; algunos de ellos para luego descubrir que sus seres queridos habían fallecido y que no los volverán a ver.

Lo más indignante de todo es que lo ocurrido no fue un accidente o un “incidente” como algunos lo quieren llamar; sino que es una tragedia que pudo haberse evitado de haber actuado con responsabilidad, pero que por negligencia de algunos funcionarios no se hizo lo debido para evitarla.

Existían antecedentes y evidencias sobre las malas condiciones del Metro y los riesgos que se corrían, pero hubo oídos sordos, omisión, negligencia y corrupción, resultando en la crónica de una tragedia anunciada.

La línea 12 del Metro ha sido polémica desde su origen. Hubo irregularidades en su construcción: 11 de sus 20 estaciones estuvieron cerradas por un año y ocho meses ante la posibilidad de descarrilamientos; la obra fue entregada con 10 meses de retraso y se pagaron 9 mil 222 millones de pesos más de lo que se había estipulado, según datos de México Evalúa.

Con el sismo de 2017 se evidenciaron fallas estructurales en dicha línea, una de ellas justo en una columna del tramo que se colapsó la semana pasada. Hubo múltiples denuncias ciudadanas al respecto, pero la negligencia se sumó a una austeridad mal entendida que se usó como pretexto para justificar la falta de mantenimiento.

Tras lo ocurrido, el gobierno ha apostado por la estrategia de hacer callar a las críticas, tachando de insensibles a quienes hacen señalamientos y acusándolos de querer afectar las elecciones. Lo que pretenden es que no se hable más del tema, cuando de lo que se trata es de hacer justicia.

En el mismo sentido, MORENA y sus aliados en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión votaron en contra de una iniciativa del PAN que pretendía discutir de inmediato la creación de una comisión plural de expertos internacionales que investigue lo ocurrido. Tras el rechazo mayoritario la iniciativa irá a parar a comisiones donde se prevé sea congelada.

Por su parte, el presidente se rehusó a visitar el lugar del siniestro y a acompañar a los heridos y a las familias de las víctimas. Pretextó que no era su estilo, pero en un acontecimiento similar, tras la explosión de Tlahuelilpan, el primer mandatario sí viajó hasta Hidalgo para reunirse con la gente. Quizá la diferencia radique en que lo ocurrido en Ciudad de México involucra a tres de las figuras de su círculo más cercano por lo que prefirió no presentarse.

En Acción Nacional no podemos permitir que lo ocurrido pase al olvido, ni dejar a las familias desamparadas frente a un gobierno insensible al dolor ajeno. En esta tragedia hay responsabilidades por deslindar, daño por reparar y justicia por impartir.

La movilidad segura es un derecho que se encuentra garantizado en nuestra Constitución, la cual establece que “toda persona tiene el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad” (artículo 4º).

Asimismo, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo primero establece, entre otros, que la administración de los recursos públicos debe realizarse con base en criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas.

Es por ello que en Acción Nacional exigimos una investigación con plena autonomía, determinación y fuerza legal, pues existe una cadena de responsabilidades que debe ser investigada de inmediato con toda transparencia, a fin de desterrar cualquier intento de encubrimiento y de cálculos políticos que resultan inadmisibles frente a la tragedia.

Y de manera especial debemos asegurarnos de que no ocurra una nueva desgracia. Hay evidencias y quejas de los usuarios de que existen muchas más fallas en el resto de las líneas del Metro. Los ciudadanos viajan hoy con miedo de que algo les ocurra y esto no lo podemos permitir. El gobierno está obligado a garantizar que nunca más vuelva a ocurrir una tragedia así.

 

Marco Antonio Adame Castillo es Diputado Federal y Vicepresidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Twitter: @MarcoAdame