La importancia de la Democracia y las Instituciones Electorales en los procesos de representación

La democracia es un concepto amplio que prevé entre muchos aspectos el respeto de los derechos humanos, la búsqueda por la igualdad de oportunidades y la vigencia del Estado de Derecho[1]. Aunque ciertamente no es un tema exclusivo electoral, es el elemento fundamental en los procesos de representación.

Al igual que nuestro camino por la democracia, las instituciones electorales surgen y evolucionan a partir de la necesidad y la conciencia de las sociedades por encontrar procesos de representación en los que pudieran confiar. Si bien, este proceso ha sido largo y se ha visto sometido en diversas etapas de nuestra historia, lo cierto es que ha alcanzado un alto nivel de reconocimiento entre la población y juega un papel importantísimo en nuestros mecanismos actuales de representación. No se podría entender la configuración política actual y las alternancias que se han dado, sino a través de las instrucciones electorales y los actores políticos. Contar con instituciones sólidas y estables permite dar seguridad jurídica al sistema político.

La capacidad de dichas instituciones y su alcance tiene que ver también con la cultura democrática, el respeto a las instituciones y el fomento de la participación ciudadana, teniendo como principales retos temas relacionados con los límites de la soberanía y la educación cívica.

La particularidad de la transición mexicana en estos procesos de elección[2] fue más bien progresiva, ya que no implicó la ruptura del orden constitucional, sino que transformó al orden político, lo que dio origen a las diversas instancias dedicadas a estos asuntos:

  • Instituto Nacional Electoral (INE). La máxima autoridad electoral del país, se encarga de organizar las elecciones.
  • Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. “Es un órgano especializado que se encarga de resolver cualquier impugnación o controversia que se presente contra los actos o las resoluciones de las autoridades electorales, así como en los procesos electorales federales o locales, en última instancia, excepto las que se promuevan como acciones de inconstitucionalidad, por ser éstas competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se integra por siete Magistrados de la Sala Superior y por tres Magistrados en cada una de las cinco Salas Regionales con que cuenta”.[3]
  • Instituto Electoral de la Ciudad de México. Es el órgano que, además de organizar elecciones locales, promueve la cultura democrática, la participación y el ejercicio pleno de la ciudadanía en la Ciudad de México.
  • Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Atiende los medios de impugnación en materia electoral y de participación ciudadana. Asimismo, protege los derechos de las y los integrantes de los partidos y asociaciones políticas, y los derechos político-electorales.
  • Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Su función es investigar conductas ilícitas. Por lo tanto, realiza principalmente funciones de Ministerio Público de la Federación.

 

Al ser el INE la máxima autoridad en estos temas, vale la pena mencionar que desde su instauración en 2014 ha estado encargado de organizar y vigilar 330 elecciones. Asimismo, ha registrado 408 mil 084 trámites exitosos y 121,288,705 trámites referentes a credenciales de elector (siendo este uno de sus más solicitados). A continuación, se presenta una tabla donde se especifica el tipo de elecciones que ha conducido.

TIPO DE ELECCIÓN      ORDINARIA      EXTRAORDINARIA     TOTAL

                                                                               Federal                             5                                 2                        7

                                                                               Local                                 249                            69                     318

                                                                               Partidista                           2                               NA                     2

                                                                               Democracia Directa          2                               NA                     2

 

Tabla: Elaboración propia con información del INE, 2022.

Sin embargo, la situación actual con el Instituto resulta desalentadora, pues todo indica que en el análisis del presupuesto 2023, el grupo de mayoría asociado al Gobierno federal, amenaza con recortes adicionales a los previstos como asignación, que agudizan las disminuciones al gasto del INE que se han aplicado desde 2018. Es así que el pasado 28 de septiembre se aprobó el recorte presupuestal de 4 mil 913 millones de pesos, esto pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitiera una orden para que dicho recorte fuera justificado[4] y pese a que el INE ha declarado que con esta reducción, sin duda, se afectó la realización del ejercicio de revocación de mandato y eventualmente sus funciones ordinarias.

Con acciones como esta y la propuesta de reforma electoral por parte del Gobierno federal, que plantea desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales y los Tribunales Electorales (lo que significa que los comicios estatales, municipales y concejales quedarían a cargo de la Federación), podemos intuir que se trata de una estrategia para debilitar a los institutos electorales y en determinado momento controlarlos, lo que desde nuestra perspectiva no es más que un acto de contrademocracia, como lo llamó Pierre Rosanvallon, al referirse a la desaparición de órganos, procesos y reglas de un Estado Nación[5].

Diversos expertos han declarado que, de seguir aprobando las propuestas del Gobierno federal, sólo se promueve la concentración del poder, lastimando al pueblo mexicano en el proceso y regresando a un estado paternalista que cree tener las respuestas correctas, sin considerar a todos los que integramos gobierno y sociedad. Leonardo Valdés, consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral (2008-2013) ha declarado que el INE sólo ocupa el 0.28 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación, pero la narrativa oficial quiere mostrar que es una gran suma de dinero. La reducción del presupuesto para un Instituto que vigila y dirige diversas actividades de representación para la ciudadanía es incongruente ante un presupuesto que se ha dedicado a favorecer sólo ciertos proyectos oficialistas.

Siempre hemos defendido la obligación de proteger la voluntad popular y eso sólo se consigue robusteciendo aquellas instituciones especializadas en la materia, proveyendo del recurso económico necesario para el cumplimiento de sus funciones. Las y los alcaldes y presidentes municipales humanistas invitamos a que puedan ser retomadas todas las opiniones para que se elabore un presupuesto que garantice la participación ciudadana y se garanticen los derechos políticos de la ciudadanía. Reiteramos nuestro apoyo a los órganos autónomos que velan por el cumplimiento de estas labores.

Creemos que a quienes ostentamos algún cargo público nos corresponde seguir pendientes de las necesidades de nuestras comunidades y de su representación en todos los órdenes de gobierno, respaldando totalmente los principios de la democracia y del Federalismo. Desde la ANAC solicitamos al Gobierno federal, al presidente y a la Cámara de Diputados a que respeten el presupuesto y las atribuciones de los organismos locales y federales en materia electoral.

Invitamos al respeto de cada institución y de cada organismo autónomo, impulsando sus funciones y buscando el cumplimiento de éstas, no a la limitación y la concentración de tareas. Invitamos al Gobierno federal a que reconozca las capacidades de cada organismo y en ese sentido nos permita aportar, aprovechando nuestros conocimientos. Citando al maestro Reyes Heroles, “mayorías y minorías constituyen el todo nacional y el respeto entre ellas, su convivencia pacífica dentro de la ley, es base firme del desarrollo, del imperio de las libertades y de las posibilidades de progreso social”. Transitemos hacia un modelo que permita la participación de todas y todos y que valide las actividades de los organismos autónomos, reconociéndolos y dotándolos de los recursos necesarios para contribuir de mejor manera en nuestras sociedades. Por el bien de nuestras comunidades, por la democracia y por el bien de México.

 

Sandra Cuevas es Alcaldesa de Cuauhtémoc por la coalición “Va Por México” integrada por PAN-PRI-PRD. Twitter: @SandraCuevas_

 

[1] En la teoría clásica, Norberto Bobbio señala que es “...una de las formas de gobierno, en particular aquella en la cual el poder no está en manos de uno o de unos cuantos sino de todos, o mejor dicho de la mayor parte, y como tal se contrapone a las formas autocráticas, como la monarquía y la oligarquía”. Bobbio, Norberto, Liberalismo y Democracia, Fondo de Cultura Económica, México, 2001, p. 7.

[2] El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación precisa que el proceso electoral federal en México “Consiste en el conjunto de actos ordenados por la CPEUM y la ley, para que las autoridades electorales, los partidos políticos nacionales y ciudadanos participen en la renovación periódica de los integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión”. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Derecho electoral mexicano, Centro de Capacitación Judicial Electoral, México, 2011, p. 84.

[3] Suprema Corte de Justicia de la Nación, El sistema jurídico mexicano, 4a. ed., SCJN, México, 2006, pp. 15 y 16.

[4] “La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló el recorte de 4 mil 913 millones de pesos que la Cámara de Diputados aplicó al Instituto Nacional Electoral (INE) en el Presupuesto de Egresos 2022, debido a que los diputados no motivaron razones objetivas y justificadas para realizar la reducción de más de 26 por ciento del gasto solicitado. La decisión por unanimidad de la Primera Sala de la SCJN sienta un precedente, ya que los legisladores no podrán recortar el gasto de los órganos autónomos sin motivación y rigor técnico”. “SCJN anula recorte de 4 mil 913 millones de pesos al INE”, en El Universal, 2 de junio de 2022.

[5] Pierre Rosanvallon, Counter-Democracy. Politics in an Age of Distrust, Cambridge University Press, 2008.