La Reforma Judicial: un proceso plagado de incongruencias

La discusión sobre la reforma judicial ha sido extensa y profunda. Funcionarios, expertos y la sociedad civil han demostrado su descontento por esta descabellada e innecesaria propuesta. No obstante, a pesar de la férrea oposición que se experimentó en diferentes esferas, el autoritarismo del partido en el poder continua con sus planes para dejar marcado el camino que ha de continuar la próxima administración federal.

Las consecuencias de esta acción las veremos en el futuro próximo y a largo plazo, pues una reforma tan apresurada y cerrada a la discusión y al diálogo no puede tener resultados satisfactorios. Así pues, en primer lugar, se deben reconocer las afectaciones que tendrán las y los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el riesgo que significa para la independencia judicial (debido al esquema de votación popular), ya que las candidaturas serán postuladas por los tres poderes, que al final de cuentas significa una concentración máxima de poder para la próxima presidenta del país.

En el mediano y largo plazo las consecuencias, sin duda, serán nocivas en materia económica, pues esta reforma ha puesto de manifiesto la incertidumbre que advierten los mercados extranjeros. La calificadora Fitch, por ejemplo, ha señalado que la propuesta puede afectar el apetito de inversiones y el ambiente de negocios. Consideran que la implementación de la reforma impide la autonomía y la calidad del sistema judicial, debido a que los inversionistas prestan mucha atención a los escenarios de equilibrio y gobernanza, conceptos en los que desafortunadamente México hoy ya no es más referente.

Si bien es cierto reconocer que el Poder Judicial tiene deficiencias, esta reforma forzada no posee los elementos necesarios para crear un sistema a la altura de las prioridades reales de la nación mexicana.

Como prueba de ello, tenemos la designación para que la sociedad civil sea la encargada de elegir jueces y magistrados, con el mecanismo de elección popular, cuando es por todos sabido que las y los mexicanos desconocemos o podemos confundir las funciones de los ministerios públicos o las fiscalías con las de tribunales, jueces, magistrados y ministros, lo que nos lleva a ser susceptibles de desinformación o influencias negativas, en donde el partido oficialista pueda aprovechar y sacar raja política de este mecanismo de designación.

De igual manera, hay que señalar que la reforma recién aprobada no atiende la principal falla de nuestro sistema de justicia prevaleciente, pues al Poder Judicial llega menos del uno por ciento de los delitos que son denunciados ante algún Ministerio Público, las fiscalías o instituciones locales que, aunque en teoría son independientes, se encuentran sujetas en gran medida por el escrutinio del Poder Ejecutivo a nivel estatal, y es aquí donde radica el descontento de la sociedad mexicana, pues considera que sus denuncias y exigencias son ignoradas, generando inconformidad con el sistema y con los organismos locales.

Esta reforma que ahora puede verse como un triunfo para Morena, necesita de la intervención de todos quienes queremos un México más justo, por lo que continuaremos exigiendo que sea sometida a una revisión que mida su impacto real, es decir, los costos y los “beneficios” que se esperan, para no sentarnos simplemente a esperar a que cada idea que se les ocurra sea aprobada sin tener un contexto de lo que se espera y cómo perjudicará o beneficiará a la población. Este supuesto triunfo se convierte en una advertencia para próximos proyectos sin fundamentos.

Esta aprobación irracional de la reforma judicial dejó una clara lectura de que su único objetivo fue desplazar a los jueces que están dispuestos a invalidar los actos ilícitos de los poderes Ejecutivo y Legislativo, que actualmente son acaparados por Morena.

Los gobiernos humanistas comprendemos que es necesaria una reforma, pero no como la impulsa el partido oficialista y no en este momento, pues para llevar a cabo una acción de tal magnitud, es necesario contar con todos los elementos y un estudio detallado del impacto que se va a generar (positivo o negativo). La experiencia de otras naciones debería ser un referente para nuestra nación, promoviendo acciones que mejoren la calidad del Estado de Derecho en México, que no sólo involucra a los tribunales, sino a los legisladores, a la administración, a las policías y fiscalías.