La elección del pasado 6 de junio fue histórica, no sólo por el número de cargos públicos que estuvieron en juego, más de 20 mil, sino por la copiosa participación de la sociedad civil, que fue testigo de una de las elecciones intermedias con más alto porcentaje de sufragios emitidos por los ciudadanos (poco más del 52 por ciento).

La jornada electoral fue todo un éxito gracias a los miles de ciudadanos que cumplieron a cabalidad con sus actividades como funcionarios de casillas, así como por la extraordinaria organización del Instituto Nacional Electoral, que de manera transparente e imparcial dirigió esta jornada histórica.

El mandato ciudadano del 6 de junio fue implementar la pluralidad y dejar atrás los caprichos de un solo hombre. La conformación de la próxima legislatura en la Cámara de Diputados da ejemplo de ello, así como el resultado que se presentó en la renovación de las alcaldías de la Ciudad de México.

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, pues durante la campaña electoral sobresalieron dos temas que nos deben preocupar como mexicanos: en primer lugar, hay que subrayar que este proceso electoral fue el más violento del que México tenga memoria, pues de acuerdo con el VI Informe de Violencia Política en México 2021, realizado por la consultora especializada en análisis de riesgo y políticas públicas, Etellekt, del 7 de septiembre de 2020 al 5 de junio pasado, se registraron 910 agresiones en contra de políticos y candidatos (mujeres y hombres), cifra que supera en un 17.5 por ciento a los números consignados durante todo el proceso electoral de 2017-2018, que registró 774 agresiones. Asimismo, durante este periodo fueron asesinados 91 políticos, de los cuales 36 de ellos eran aspirantes y candidatos, 22 y 14, respectivamente. Lamentablemente, del total de los politicos asesinados (91), 14 eran mujeres. Esta deplorable situación podría encontrar su explicación en la relación que algunos partidos –MORENA y sus aliados- tuvieron con grupos de la delincuencia organizada, para ejemplo están los casos que se presentaron en Michoacán y Sinaloa.

El otro tema que nos debe ocupar es la abierta, cínica e ilegal intervención del presidente, Andrés Manuel López Obrador, durante todo el proceso electoral, ya sea a través de la promoción, desde sus conferencias mañaneras, de las obras de su gobierno, la descalificación del árbitro electoral, los ataques arteros a la oposición o grupos de la sociedad civil que no concuerdan con su forma de hacer gobierno.

De acuerdo con el INE, López Obrador ha sido el presidente más denunciado desde la reforma electoral de 2007 al acumular 82 procedimientos en su contra. Algunos de los temas más denunciados fueron: violaciones al artículo 134 de la Constitución, que tiene que ver con la imparcialidad en el uso de los recursos públicos para no influir en la equidad de la contienda y propaganda gubernamental con fines personales, entre otros. Lo dicho, no es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿verdad “lopitos”?