“Reitero mi solidaridad a esta periodista, Azucena Uresti, y a todos los periodistas, con la garantía de que siempre nuestro gobierno va a proteger a quienes llevan a cabo este oficio”.

Esta fue la escueta respuesta que el presidente López Obrador ofreció en su conferencia mañanera a la periodista ante la amenaza que el grupo delictivo, conocido como el Cartel Jalisco Nueva Generación, hizo a la presentadora vía redes sociales.

El gobierno de López Obrador se ha distinguido en estos casi tres años por ser uno de los principales descalificadores de periodistas y medios de comunicación. Por medio de su conferencia diaria constantemente los ataca con frases como “prensa tendenciosa, golpeadora, defensora de grupos corruptos, dedicada a mentir constantemente” ó “tenemos a la prensa más lamentable en mucho tiempo, la más injusta, la más distante, la más lejana al pueblo y la más cercana a los grupos de poder conservador. Es un tiempo de oscuridad para los medios de información”.

El presidente es el principal violentador de periodistas en el país, pues al atacarlos ante millones de mexicanos los expone a agresiones por parte de sus seguidores, quienes son recurrentes a la violencia para hacer valer sus creencias y llevar a buen puerto la supuesta “cuarta transformación”.

Aunado a la violencia presidencial, ahora se suma la amenaza de los grupos delictivos con plena libertad y confianza de que el gobierno no hará nada para detenerlos -habrá que agradecerle a la estrategia de “abrazos no balazos”-, y a que el circo tiene varias pistas para distraer a los ciudadanos.

La violencia en contra de los periodistas no empezó con la amenaza a Azucena Uresti, pues de acuerdo con la organización independiente y apartidista Artículo 19 del año 2000 a la fecha se ha asesinado a 141 periodistas en México.

En lo que va del mandato de López Obrador, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación, se han documentado 43 periodistas ultimados hasta el mes de julio. Del avance de las investigaciones para resolver estos crímenes la dependencia no dice nada, mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no existe desde que el propio titular del Ejecutivo puso ahí a una de sus más fieles alfiles.

Con estas cifras y esta impunidad por parte del presidente López Obrador y de los grupos de la delincuencia organizada, no es de sorprender que la organización Reporteros sin Fronteras catalogue a México como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. En una lista de naciones evaluadas para llevar a cabo el ejercicio periodístico, nuestro país está ubicado en el lugar 143 de 180 naciones estudiadas en esta materia.

Será que la sección ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? del presidente es el primer patíbulo para amenazar y asesinar a periodistas en México. ¿Usted qué cree?