Hace sesenta años se fundó en Nicaragua el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), como un movimiento de inspiración marxista leninista para liberar al pueblo de la dictadura de Anastasio Somoza Debayle que llevaba más de 40 años en el poder. Logrado este objetivo, en 1979 y tomando como su héroe a Augusto C. Sandino, el líder que, en la segunda década del siglo XX, luchó en contra de la invasión norteamericana, el Frente ahora se dedicó a montar un régimen socialista inspirado en el modelo y en los de otros países del bloque comunista.

Desde su elección a la presidencia del país en 1979, Daniel Ortega encabezó un régimen corrupto y arbitrario que llevó a Nicaragua a un estado de inseguridad y carencias de todo orden. El desastre económico empeoró al tener el gobierno que combatir, desde 1981, a la “Contra”, una milicia creada y financiada por la CIA para acabar con el FSLN. Cabe hacer notar que el presidente López Portillo, simpatizante de los movimientos de izquierda, ayudó al FSLN enviándole en secreto pertrechos de guerra.

El sistema sandinista se sostenía en el poder marcado por las muertes, desapariciones y persecuciones, incluso de sacerdotes y monjas, pese al Concordato vigente con el Vaticano.

El montaje del esquema fue apoyado con financiamientos y donativos de países amigos como Rusia, Cuba y Venezuela. Tardíamente, en 2016, Rusia admitiría haber destinado fondos a su amigo Daniel Ortega.

Fue una época de desorden y violencia en gran parte de Centroamérica, de ahí que, en 1983, a iniciativa de Olaf Palme, Gabriel García Márquez, Alfonso García Robles y Alva Myrdal se creó el grupo Contadora con los presidentes de Colombia, México, Venezuela y Panamá para buscar fórmulas de pacificación en la región. El plan de paz fue apoyado también por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales.

En 1990, Ortega, presionado a nivel internacional, convocó a elecciones generales, mismas que fueron observadas internacionalmente, resultando vencedora Violeta Barrios de Chamorro al frente de la Unión Nacional Opositora, que sumó a los grupos de derecha. En 2000, el Frente recuperó la presidencia de Nicaragua que aún ocupa.

En este lapso de 21 años, Nicaragua se ha hundido en un vacío de carencias de alimentos, medicinas y empleo. La contracción económica ha orillado a miles de nicaragüenses a engrosar las filas de miseria que confirman la crasa ineptitud del gobierno, que con tal de crear una sociedad comunista ha bloqueado el propio potencial de desarrollo y de bienestar.

El gobierno, por su parte, insensible al sufrimiento general ha creado un clima de angustia, amenazando constantemente al pueblo con atracos, abusos y asesinatos. Hoy, Ortega, tres veces reelecto, se ha vuelto a postular buscando reelegirse para un cuarto periodo para continuar en el poder que comparte con su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo.

El aguerrido comandante, temiendo perder el poder, se ha vuelto un represor de todas las libertades y con ello pretende eliminar a la oposición. Desde principios de junio del presente año, innumerables líderes políticos, empresarios y periodistas han sido arrestados y condenados a prisión. Ortega también ha mandado detener a Hugo Torres y Dora Téllez, dos comandantes veteranos. Sergio Ramírez, ex vicepresidente sandinista, califica al gobierno de su antiguo camarada como “una dictadura que persigue a los que eran los enemigos de Somoza”.

Este mes fueron detenidos y anulados sus registros a cinco candidatos a la presidencia: Cristiana Chamorro, hija de Violeta, Arturo Cruz, Félix Madariaga y Miguel Mora. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA advirtió la imposibilidad de haber elecciones libres si los candidatos están en la cárcel.

La OEA y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU responsabilizan al gobierno por la muerte de más de 325 ciudadanos; la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz reconoce a 269 víctimas, incluidos a 22 oficiales de la Policía Nacional asesinados en el contexto de cientos de protestas antigubernamentales. La Comisión advirtió que los hechos recientes “alejan la posibilidad de que los nicaragüenses puedan ejercer plenamente sus derechos políticos en las elecciones del 7 de noviembre”. Michelle Bachelet, ex presidente de Chile y actualmente Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, describió la “persecución selectiva” contra los críticos al gobierno.

A su vez, el Parlamento Europeo ha expresado que, si Ortega no varía su curso actual, Nicaragua perderá los beneficios que están previstos en el futuro Acuerdo y que actualmente está en preparación.

Entretanto, el gobierno sigue su campaña de difamación a la oposición y con la rudeza de sus métodos, Daniel Ortega confía mantenerse en el cargo cuya duración superaría la de Anastasio Somoza. Pero el cruel gobierno de Ortega ha herido de muerte al ideal que movió al pueblo a acabar con el oprobio de la dictadura de Somoza y el grito de “Sandino vive” ya no inspira.

Pese a la adversidad, los partidos de oposición con valentía continúan con sus campañas, atenidos a voluntarios y a donativos privados que no fluyen por el miedo que los empresarios tienen a las represalias del gobierno.

La posición del presidente López Obrador sobre la crisis de Nicaragua la expresó en su mañanera del 24 de junio al declarar que “nunca debe haber, ni en Nicaragua, ni en Colombia, ni en ningún país, represión ni encarcelamientos contra los opositores. En México se respetan los derechos humanos, lo que nos autoriza a opinar en estos asuntos sin intervenir en asuntos internos de otros países porque sobre todo están los derechos humanos”. Decepcionados de Daniel Ortega, tanto López Obrador como el presidente de Argentina, retiraron a sus embajadores de Managua.

Es bien conocido el proceso que va de un líder populista, convertido en dictador y que pronto acaba por sentirse el elegido por el destino divino para la salvación de su patria. Abundan esos casos en la historia latinoamericana, pero en el confuso y panorama mundial actual, la crisis de Nicaragua, sometida a la tiranía de Daniel Ortega, merece nuestra decidida atención.

La lucha de ese pueblo para reestablecer en noviembre próximo el respeto a la democracia en su país demuestra que en nuestra América Latina la búsqueda de prosperidad con justicia social sigue más viva que nunca. La acción del PAN debe sumar su más decidido y público apoyo.

Nuestra presencia en asuntos que atañen al progreso y la dignidad de nuestra histórica región parte de la vocación latinoamericana que desde su fundación existe en el PAN. Con ella, debemos equilibrar la atención que dedicamos a nuestra vertiente norteamericana y a todas las demás naciones del mundo.

 

Julio Faesler Carlisle es integrante del Consejo de Plumas Azules.