¿A cambio de cuántas vidas? No importa

Noviembre ha resultado un mes convulso y agitado para el presidente López Obrador. En un escenario donde se imaginaban recibiendo halagos y aplausos del mundo entero por su intervención en el seno del Consejo de las Naciones Unidas, el presidente ha vivido días aciagos donde las críticas y las protestas se multiplican a gran velocidad.

Después de tres largos años de sufrimiento, angustia y de muertes que se pudieron evitar, el presidente tuvo que hacerse cargo del fiasco en que se convirtió su política en materia de salud. Con el regaño público al secretario Alcocer y al director del INSABI, López Obrador asume públicamente el estrepitoso fracaso derivado de la ineptitud gubernamental y la deficiente implementación y planeación de las malas decisiones tomadas por esta administración.

Y aunque lo relevante desde el punto de vista mediático y de opinión pública fue, justamente, el regaño lanzado desde la tribuna más importante para López Obrador y su gobierno, lo que debe llamarnos a la reflexión es si el tal exabrupto servirá para que se resuelva, por lo menos, el daño que se causa a la población, a las familias y a miles de niñas y niños, por el desabasto de medicamentos.

Me temo que la experiencia nos indica que, por más que se atribuyan al presidente poderes magníficos, los temas de atención a la salud de la población no serán resueltos en esta administración aunque regañe, se enoje o, incluso, despida a los responsables, en virtud de que todos los fallos que se acumulan fueron ocasionados por decisiones de política pública equivocadas, que erraron en el diagnóstico, erraron en la implementación y han demostrado, a casi tres años, que no son aptas para atender debidamente a la gente.

En algún momento la administración de López Obrador tomó una decisión crítica, y ahora sabemos que criminal, al preferir sacrificar la salud y la vida de algunas personas a cambio de erradicar una supuesta corrupción que no ha quedado acreditada ante los órganos del propio Estado.

Se optó por perseguir fantasmas, que sólo existen en la mente del presidente y de sus funcionarios, a costa del dolor y la muerte. Aunque muchos celebren las manifestaciones de enojo del presidente con su secretario de Salud, la verdad es que lo convierten en cómplice del crimen. Un solo niño que hubiera perdido la vida para combatir la corrupción es una idea tan abominable que cuesta asumir que la siguen intentando ejecutar los agentes de este criminal gobierno.

La historia se repite. Ahora expresada en recortes presupuestales. La mayoría indolente e ignorante que apoya al gobierno de López Obrador decidió dar la espalda a las familias mexicanas y asfixiar presupuestalmente a los municipios, es decir, al ámbito de gobierno más cercano a la gente y en el que se deben resolver las necesidades básicas de la población como seguridad, agua, transporte, empleos, infraestructura para la calidad de vida, con el propósito de beneficiar el gasto en las ideas faraónicas del presidente.

El comportamiento de Morena y sus aliados en la aprobación del Presupuesto de Egresos para el 2022 es muy desafortunada.

A partir de la legitimidad democrática no se puede justificar la toma de decisiones públicas irracionales, mal planeadas, sin los debidos diagnósticos y que sirvan de excusa para castigar presupuestalmente a todos aquéllos que no vivan al cobijo del poder del presidente.

Las decisiones presupuestales de Morena y sus aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo serán causantes de dolor, miedo, enfermedad y muerte en los municipios que están siendo castigados por el presidente.

La falta de recursos causará deficiencias en materia de seguridad pública que van a provocar muertes violentas y acoso a la población.

Crecerá la extorsión, el robo, los homicidios y el resto de los delitos que más lastiman a la población; las familias mexicanas que están siendo castigadas por el presidente van a resentir la falta de creación de empleos, la reducción en inversiones de infraestructura hidráulica, de alumbrado, de pavimentación, por solo mencionar algunas.

La calidad de vida de las familias castigadas decrecerá de forma tal que están siendo condenadas a sufrimientos injustos por satisfacer caprichos y alcanzar venganzas.

Como corolario, el gobierno de López Obrador está ejecutando una clara estrategia para destruir al Instituto Nacional Electoral. El más reciente acto se desarrolló en la pista de la Cámara de Diputados al dejar al Instituto sin los recursos necesarios para cumplir las responsabilidades constitucionales que tiene asignadas. Se prepara el terreno para generar una crisis constitucional cuyo desenlace sólo puede dañar a la democracia mexicana.

En todos los ejemplos que conocemos de atentados a la democracia y a sus instituciones que alcanzan sus objetivos, el costo social es, otra vez, muerte, sangre, pobreza y marginación que sólo producen burocracias autoritarias dispuestas a lo que sea con tal de eternizarse en el poder. Nicaragua es el más reciente ejemplo y, tenemos que enfatizarlo, esa es la ruta decidida por el gobierno en turno.

El INE les estorba. La idea fija de López Obrador es eliminarlo. La apuesta parece ser lograr el máximo de polarización y exaltación social para acabar con la legitimidad del Instituto. En el papel puede sonar lógico. Pero… ¿a cambio de cuántas vidas si algo se sale de control? Para él, no importa.

Humberto Aguilar Coronado es Diputado Federal en la LXV Legislatura de la Cámara baja.

Twitter: @Tigre_Aguilar_C