El PAN, el humanismo económico y la economía social de mercado

El término humanismo económico fue propuesto por Salvador Abascal Carranza para nombrar la propuesta específica de Acción Nacional en la Proyección de Principios de Doctrina 2002. En este importante apartado se postula como modelo rector a la economía social de mercado, la cual se basa en una economía eficiente y moderna, que humaniza la economía y tiene como objetivo una nación más próspera, libre y humana, en la que la distribución justa de la riqueza sea un imperativo.

Contra las tesis del Estado mínimo y del liberalismo económico extremo, el PAN postula la necesaria actuación del Estado como agente regulador y su papel para hacer frente a las desigualdades y atenuarlas. También el Estado debe velar por el adecuado desenvolvimiento del mercado y orientarlo hacia la realización del interés nacional, subordinándolo al bien común y buscando la justicia. En este marco general el mercado es un instrumento al servicio de las necesidades de las personas. De ahí la alta prioridad que se da al combate a la pobreza extrema, tanto en el campo como en la ciudad, y la necesidad de atender a zonas indígenas y rurales, ya que es en estos ámbitos donde la pobreza se presenta en su forma dramática, afectando a quienes son más vulnerables y llevando a un círculo donde esta se reproduce generacionalmente.

Los componentes del modelo de Economía Social de Mercado son, por un lado, una política impositiva que equilibre los beneficios sociales con vista a las generaciones actuales y futuras; esto implica impuestos progresivos, que graven a quienes estén en situación privilegiada y políticas redistributivas que redunden en beneficios para los más desfavorecidos. A la vez se establece la necesidad de que las finanzas públicas sean sanas, o sea, que se dé una situación de equilibrio entre los ingresos y los egresos, ya que el endeudamiento implica hipotecar el futuro de las nuevas generaciones.

El Estado tiene, en el modelo, un vital papel como regulador de los mercados financieros con el objetivo de inhibir prácticas nocivas como la especulación. Estos mercados son: el de deuda, el accionario, el de derivados (bursátiles y extrabursátiles) y el mercado cambiario (divisas). La política monetaria y cambiaria es fundamental para fortalecer las monedas de cada país, a su vez, la regulación del mercado bursátil es fundamental. Las crisis recurrentes del tipo de cambio de los setenta, ochenta y noventa, así como los cracks bursátiles, representaron la pérdida de poder adquisitivo del peso, inflación desbocada y la pérdida del patrimonio de millones de personas; todo ello causado por políticas estatales irresponsables.

El humanismo económico defiende el principio de la subordinación de la economía a la ética y asume como punto de partida la dignidad de la persona y sus derechos; en consecuencia, con estos postulados subordina al capital al trabajo y afirma la necesidad de que el mayor número de personas tengan acceso a la propiedad de los medios de producción. Al afirmar que: “La economía humana impulsa el espíritu emprendedor y promueve la participación responsable de quienes en la empresa aportan su trabajo, talento administrativo o su capital a la generación de bienes, e impulsa la participación justa en los frutos de la productividad”, se presenta una versión revisada del programa propuesto en la Proyección de 1965 en el que promovía la copropiedad y la cogestión de las empresas, a la vez que se establece el papel que la economía tiene para impulsar el espíritu emprendedor.

Además se presenta una visión de lo que debe ser el desarrollo nacional, el cual deber ser integral, equitativo, con armonización de objetivos distributivos y demandas de crecimiento, promotor de la inversión prioritariamente en valor humano, lo que exige la concurrencia de recursos públicos y privados. El destinatario de este desarrollo es la persona, a la que se le deben ofrecer bienes y servicios que mejoren su calidad de vida y un entorno de seguridad. Se afirma, a nivel programático, la necesidad de invertir en las personas y específicamente en el mejoramiento de sus capacidades, con el objetivo de que colaboren, propongan, deliberen y participen en las decisiones de su ámbito laboral. De esta forma, se postula un modelo empresarial basado en capacidades y en la formación, en lugar de un modelo que busca aprovecharse de mano de obra barata y de trabajo subcalificado para obtener importantes márgenes de ganancia, a costa incluso de la productividad y la innovación.

También se propone que en los procesos productivos se genere valor agregado con base en las capacidades personales, en la ciencia y la innovación, ya que una economía basada en la venta de materias primas tiene que recurrir a bienes y servicios producidos en el exterior que incorporen valor agregado. Se trata de promover un modelo empresarial en el que, en lugar de defender a la empresa de la competencia, mediante amparos y la evasión fiscal, se le convierta en un eje de la innovación, en una instancia productora de patentes, con base en la promoción del desarrollo tecnológico.

Se postula que cuando se asignan de forma prioritaria recursos a regiones y sectores donde se producen con mayor eficiencia los bienes y servicios, se genera un doble efecto: por un lado, se beneficia la capacidad empresarial, pero por otro se perjudica a sectores productivos. De ahí la necesidad de que el Estado distribuya los beneficios del comercio: el Estado tiene un papel rector que le exige ir más allá del asistencialismo, para diseñar políticas públicas que reorienten las actividades de sectores afectados.

En una economía globalizada, donde se privilegia un modelo de economía liberal, con mercados mundiales desbocados y orientados de manera preponderante al consumo, las personas, en el mejor de los escenarios, se convierten en engranes de una gran maquinaria anónima e impersonal, pero en el peor escenario, devienen seres prescindibles en la medida en que no consumen ni producen. De ahí la necesidad de defender la naturaleza irremplazable de cada persona, para que cumpla su misión en el mundo. Este revolucionario postulado implica que las personas sean actores principales del desarrollo económico y que el Estado sea rector y articulador de las actividades económicas y sociales.