2023, enormes retos políticos

El 2023 apenas comienza. Sin embargo, desde finales del año pasado quedaron en el horizonte gruesos y obscuros nubarrones que nos obligaron a cerrar el 2022 con desasosiego y preocupación.

Se dieron dos golpes severísimos a la línea de flotación de la gobernabilidad democrática: prosperó el llamado plan B de la reforma en materia electoral del presidente López Obrador y salió a la luz un enorme escándalo de plagio en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Dos instituciones clave para el mantenimiento de la estabilidad política de México fueron sacudidas y llegan al nuevo año con muchas más incertidumbres y riesgos de estabilidad que de certezas.

Ambos temas están íntimamente relacionados con lógicas sucesorias. Por un lado, en el Consejo General del INE se ha iniciado el proceso de renovación de su presidencia y de tres consejerías, y en la Corte las primeras horas del año fueron testigo de la renovación de la presidencia del máximo tribunal.

La Convocatoria emitida por la Cámara de Diputados para la designación de las consejeras o consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral fue revocada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La elección de la presidencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación polarizó las posturas de distintos actores políticos tras la divulgación del escándalo de plagio, aunque, finalmente, concluyó de forma feliz con la elección de la ministra Norma Lucía Piña como la primera mujer en ocupar ese cargo, como alguien con una sólida trayectoria judicial y con un reconocido prestigio en los ámbitos judicial, académico y del gremio jurídico.

Sin embargo, la Corte aun tendrá que navegar por aguas turbulentas hasta que se resuelva, por las vías institucionales adecuadas y con estricto apego a derecho, un caso que puede herirla en lo más profundo de su credibilidad y fortaleza política.

En todos los escenarios imaginables, una Suprema Corte de Justicia de la Nación lesionada en su credibilidad y cuestionada en su legitimidad, significa una pésima noticia en un contexto donde el Poder Ejecutivo pretende que las normas inconstitucionales que ha expedido el Congreso de la Unión no sean invalidadas por el Poder Judicial.

Por ello, aunque la elección de la nueva presidenta de la Corte resultó exitosa es menester que se resuelva el tema del presunto plagio de una tesis profesional para eliminar esa sombra de ilegitimidad en el seno del tribunal.

Sobre todo, si consideramos que, en los próximos meses, la Corte tendrá que enfrentar las resoluciones de los temas más delicados de su agenda: los temas de la militarización y las impugnaciones en contra de la reforma electoral.

En ese segundo frente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó, por unanimidad de votos, el Acuerdo emitido por la Cámara de Diputados relativo al proceso para la designación del Comité Técnico de Evaluación, la Convocatoria para la elección de consejeras y consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y de sus Criterios Específicos de Evaluación.

El acuerdo establecía una intervención inconstitucional de la JUCOPO, pues indicaba que el Comité Técnico de Evaluación debía presentarle dos informes sobre el cumplimiento de requisitos de los aspirantes y aquellos que considerara mejor calificados. Sin embargo, conforme el artículo 41 constitucional el Comité no está obligado a ello, sino únicamente a informarle de las personas mejor evaluadas por cada consejería a elegir.

En segundo lugar, la Sala señaló que en el acuerdo se debe distinguir entre el cargo de consejero o consejera presidente y el cargo de consejero electoral. En este sentido, el Comité debe presentar una lista específica con una quinteta para el cargo de consejero presidente y tres quintetas para las consejerías. Ello con el fin de dar cumplimiento al principio de paridad de género y en razón de que ambos cargos tienen atribuciones distintas y funciones específicas.

Asimismo, estableció que en el acuerdo se deberá determinar de manera puntual y específica los mecanismos de paridad que serán implementados para la conformación de las quintetas, a fin de garantizar una integración paritaria del Consejo General del INE.

Finalmente, determinó que la JUCOPO deberá presentar las propuestas al pleno de la Cámara de Diputados a través de cédulas diferenciadas de votación, una para la presidencia y la otra para el resto de consejerías electorales.

A esa determinación, la Cámara de Diputados, a través de la Junta de Coordinación Política, determinó suspender el acatamiento de la sentencia hasta el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia en febrero.

Tengo plena certeza de que la mayoría indolente de Morena en la Cámara de Diputados utilizará cualquier artilugio para incumplir la sentencia de la Sala Superior, lo que puede provocar que en abril el Consejo General del INE tenga que actuar con vacantes en su seno.

El tamaño del riesgo que corremos es enorme, los procesos electorales de este año y, sobre todo, del siguiente, serán cruciales para el futuro de la democracia mexicana.

De esas luchas políticas, de sus resultados y, sobre todo, de la conformidad con los mismos, depende en buena medida que México siga siendo una nación libre y democrática que pueda insertarse de manera armónica en el concierto de las naciones.

Humberto Aguilar Coronado es Diputado Federal en la LXV Legislatura de la Cámara baja.