AMLO, nuevamente derrotado

El presidente de la República ha sido, nuevamente, derrotado por los legisladores que decidimos soportar las presiones y triquiñuelas del gobierno y defender nuestra democracia y sus instituciones.

En los últimos días asistimos al que puede ser considerado el momento decisivo de la historia de nuestra democracia, desde el punto de vista de su capacidad institucional. Asistimos al momento en que el funcionamiento de las reglas democráticas generan contrapesos capaces de defender al propio sistema de los ataques del poder, asistimos pues al triunfo de la puesta en práctica de un diseño que, desde la consolidación de la autonomía de la autoridad electoral en relación al Poder Ejecutivo, ha permitido distribuir la representación y el poder político de la manera en que lo decide la voluntad popular y generando, con base en ello, el instrumental de mecanismos de control que la voluntad del pueblo decide poner a funcionar.

Así, después del resultado electoral del 2021, el sistema electoral mexicano produjo una conformación del poder político, cuya principal característica es que permite controlar y contener las intenciones de la mayoría gobernante que no alcanzan la representación calificada necesaria para prosperar.

Ese es el caso de la propuesta de reforma constitucional. Más allá de sus muchos defectos técnicos, más allá de sus presuntas virtudes, lo cierto es que la propuesta del Ejecutivo no fue capaz de estimular la búsqueda de acuerdos; no permitió la generación de un diálogo sincero y honesto que facilitara acercamientos entre las fuerzas políticas expresadas en el Congreso; no abrió espacios para discutir problemas reales que requieren soluciones construidas en común y, por ello, le cerró la puerta a la política para seguir un camino de choque que sólo pretende imponer una decisión caprichosa y desleal del presidente de México.

Pero la ruta de la imposición de la voluntad presidencial, sin escuchar a la representación política de los millones de electores que optaron por generar contrapesos al gobierno de López Obrador, se encuentra, de frente, con la realidad política que significa el dique que el pueblo de México le impuso a la capacidad de decisión y de operación política del presidente de la República.

Esa voz, clara y rotunda, está políticamente representada en la Cámara de Diputados en su carácter de órgano del Poder Constituyente Permanente. Y esto es una gran noticia para la democracia mexicana porque la conformación de la representación política es el resultado del óptimo funcionamiento de nuestro sistema electoral y de sus instituciones.

En efecto, en medio de la enorme popularidad del presidente López Obrador y frente a una Cámara de Diputados en la que el gobierno podía construir mayorías calificadas, llegó la fecha del proceso electoral federal del 2021. Como resultado de ese proceso, el pueblo soberano de México le retiró a Morena y al presidente su apoyo para que tuviera la capacidad de reformar la Constitución y, gracias a esa decisión soberana, hoy podemos poner un alto rotundo a las pretensiones presidenciales de socavar al árbitro electoral para someterlo a su capricho y voluntad.

La democracia logró defenderse con democracia. Nuestro sistema electoral y la legitimidad de sus resultados son capaces de poner un alto al poder presidencial; la representación política es resultado de un mandato expreso que recibimos en junio del 2021 y resultado de un acercamiento sin precedentes en la vida política de México entre representantes y representados.

El hito histórico que hoy se construye significa mucho más que la expresión política de un reclamo ciudadano. Significa la actualización, concreta y verificable, de un mandato específico expresado en las urnas, el fortalecimiento de la figura de la representación política y un viraje definitivo hacia una idea de participación ciudadana con resultados prácticos que abre la puerta a una nueva capacidad política de la ciudadanía y a un empoderamiento definitivo del elector, del ciudadano, del individuo político.

Las dos marchas de noviembre lo muestran con nitidez. Frente a la concentración ordenada por el poderoso, con recursos incuantificables a su servicio, organizada con base en presiones más o menos veladas y sustentada en intereses personales -conservar la beca o el empleo, mantener o acrecentar la simpatía del caudillo, colarse entre las nuevas huestes del líder con la esperanza de capitalizarlo en el futuro-, la marcha ciudadana tuvo propósitos claros y contundentes: refrendar el mandato que nos otorgaron en la elección del 2021, consolidar la idea de que la reforma del presidente debía rechazarse en la Cámara, sin permitir interpretaciones ambiguas que dejaran que la manzana envenenada tocara, aunque fuera mínimamente, nuestro sistema electoral.

El mensaje de la marcha del poder fue tan ambiguo como incomprensible: no sabemos si se trató de una marcha en favor de la reforma constitucional; o de una marcha en apoyo al presidente López Obrador por el simple gusto de apoyarlo; o una marcha de celebración de fantasmagóricos resultados de cuatro años de gobierno; o una marcha en contra del INE; o una marcha para placear corcholatas, o todo eso, o nada de eso. Una marcha sin sentido, una marcha que, lejos de mejorar la imagen del presidente, quedará convertida en una mancha ególatra, sin relevancia específica en el equilibrio de poderes y en la capacidad política del gobierno que exhibe al presidente López Obrador como un hombre que ha decidido renunciar a su capacidad para transformar a México a cambio de impedir -como sea y con los recursos de que disponga- que su prometida transformación acabe en una triste pantomima que sólo destruyó cuanto estuvo a su alcance, pero no fue capaz de construir nada relevante para la historia de México.

Humberto Aguilar Coronado es Diputado Federal en la LXV Legislatura de la Cámara baja.