Claudia Sheinbaum cae en desacato, la ley debe cumplirse

No han transcurrido ni dos meses de la administración de Claudia Sheinbaum y ésta ya ha dado muestras de un autoritarismo desbordado, pues continúa impulsando el desmantelamiento del Poder Judicial. Asimismo, las bancadas de Morena en el Congreso de la Unión impulsan la mal llamada “Supremacía Constitucional”, que significa que cualquier cambio aprobado por el Congreso no podrá ser cuestionado en ninguna instancia judicial, sin dejar de mencionar que la presidenta se ha negado a obedecer el ordenamiento de una juez para eliminar la reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación.

Para precisar cuáles son los derechos y obligaciones de las personas ante la ley, inclusive de la misma titular del Ejecutivo federal, el coordinador general Jurídico de Acción Nacional, Raymundo Bolaños Azócar, explicó que toda autoridad, cualquiera que sea su ámbito de competencia, está obligada a dar cumplimiento a las resoluciones judiciales.

Sostuvo que el Poder Judicial es el mando revisor de los actos que estudia por igual a particulares y a públicos, también verifica las acciones de la Presidencia de República, de las gubernaturas, de los presidentes municipales, de los cabildos, de un sindicato o de los partidos políticos, de quien sea, porque finalmente para eso son las competencias diferenciadas que tiene cada uno de los juzgados.

Durante su participación en el podcast Voces de La Nación, Bolaños Azócar insistió que cuando se emite una sentencia judicial, ésta tiene una vinculación de cumplimiento, lo cual significa que está obligada la parte sentenciada a cumplir con lo que se les está mandatando.

“Cuando esto se incumple se incurre en un delito y este delito se llama desacato, desacatar es no cumplir lo que ya me está mandando la autoridad judicial, lo que ya me está mandando un juez o un tribunal colegiado o la Suprema Corte de Justicia y no se me da la gana hacerlo”.

Señaló que entrar en desacato tiene una consecuencia que va de tres a nueve años de prisión, más una multa de alrededor de 500 días de UMA (Unidad de Medida y Actualización) y eso implica que es un delito grave.

Raymundo Bolaños subrayó que ni la Presidencia de la República podría escaparse de enfrentar un juicio por estas razones, porque en 2021 hubo una reforma constitucional que eliminó la imposibilidad de juzgar al titular del Poder Ejecutivo.

El abogado panista explicó que las sentencias judiciales se acatan, se combaten si no se está de acuerdo, para eso está escalonado el sistema judicial. “Hay una primera instancia que es la revisora y a veces también, no en este caso, existe el amparo cuando es el caso de particulares, pero una suspensión es atacable, hay un derecho de impugnar y esto es lo que debía hacer el Poder Ejecutivo. No se puede, en un Estado de derecho democrático, decir no me gusta la resolución, entonces, la veto y la incumplo, eso es desacato, eso es un delito y eso implicaría cárcel”.

Con respecto a la llamada “Supremacía Constitucional”, el especialista en Derecho precisó que lo que se busca es que los juzgadores y, en general, el Poder Judicial de la Federación, tratándose de reformas constitucionales, no puedan dar entrada a nada, ni al proceso legislativo.

Manifestó que la iniciativa, presentada por el grupo parlamentario de Morena, en voz de su coordinador en el Senado, Adán Augusto, lo que pretende es mermar los derechos fundamentales para desconocer esa parte de la revisión de las reformas constitucionales e imposibilitar que sean estudiadas de alguna forma.

Bolaños Azócar resaltó que en realidad la “Supremacía Constitucional” implica la revisión exhaustiva de cada uno de los actos que se realizan, para que se convierta en algo constitucional. “En el momento en que se impide estudiar el proceso legislativo que lleva al Constituyente Permanente, lo que se hace en los hechos es vaciar de contenido la necesidad de que el poder reformador, la Cámara de origen, la Cámara revisora y los Estados tengan que hacerlo bien”.

En este marco, cuestionó: ¿qué les va a impedir generar la publicación de la reforma constitucional antes de que pase por la aprobación de los estados del país?; ¿qué les va a impedir hacerlo con la aprobación de una sola de las cámaras? Ya no hay forma de que alguien diga que lo que se hace está mal, ya se van a tener reformas exprés, lo que se quiere, de un plumazo, es que no exista un poder revisor y eso es peligroso para el Estado, no es una reforma de “Supremacía Constitucional”, es una reforma de destrucción de garantías.

Por último, aseguró que cuando se eliminan los contrapesos, cuando deja de haber revisiones, cuando se hace la voluntad de una sola persona, en este caso la presidenta de la República a través de un grupo parlamentario que tiene una mayoría artificial, cuando se deja de debatir, cuando se empieza a imponer, se está ante un régimen autoritario, que es la antesala de un régimen totalitario.