Colima, todas las alertas

El Instituto Nacional Electoral, a raíz de que se volvió recurrente en los últimos años, la pretensión de limitar, por la vía presupuestal, la capacidad de operación de los organismos electorales, tanto el nacional como los locales, adoptó la razonable medida de informar a su Consejo General -y a la opinión pública- sobre los problemas presupuestales para llamar la atención sobre los riesgos que se ciernen para la organización de los procesos electorales y el funcionamiento ordinario de los institutos electorales.

Gracias a esa determinación, mes tras mes, el Consejo General del INE pudo conocer y tomar medidas que permitieron encontrar soluciones para que se garantizara que en los procesos electorales locales se realizaran las tareas sustantivas tan relevantes para la certeza y la transparencia de los procesos como las relacionadas con, por ejemplo, los Programas de Resultados Electorales Preliminares.

Sin embargo, el informe que se presentó el pasado 7 de diciembre ante el Consejo General del INE respecto a la situación presupuestal del OPLE en el Estado de Colima, rebasa en gravedad todos los antecedentes previos pues, como lo resaltó la Consejera Dania Ravel, los trabajadores del Instituto Electoral del Estado de Colima informaron que la situación de ese organismo, no sólo impide cumplir las tareas institucionales, sino que se ha llegado al extremo de no poder pagar a los trabajadores del organismo.

En esencia, estamos ante la posibilidad de extinguir, por la vía de los recortes y las restricciones presupuestales, un organismo electoral cuyo origen está en la Constitución.

De momento, esta consecuencia se evita por el compromiso solidario de los trabajadores del Instituto que decidieron mantenerse en el cumplimiento de sus deberes a pesar de que no se les paguen salarios. Evidentemente, esta solución es, por naturaleza, temporal y sólo podrá mantenerse hasta que las economías de esas familias toquen fondo y se vean en la necesidad de buscar otras opciones laborales. Desde estas líneas, envío mi más profunda solidaridad a los trabajadores del Instituto Electoral de Colima y a sus familias.

Tras esa decisión de los trabajadores, el Consejo General del Instituto colimense aprobó una serie de medidas entre las que se incluyen, suspender todas las actividades internas o externas que requieran la aplicación de recursos y el cierre de los consejos municipales.

Ante este panorama presupuestal tan complicado, el pasado 9 de agosto la Presidenta del Consejo General del Instituto Estatal Electoral solicitó una ampliación presupuestal a la Secretaría de Finanzas del estado de Colima, por un monto de 16.5 millones de pesos.

En dicha solicitud, se hizo énfasis que el Organismo Público Local únicamente contaba con recursos financieros que alcanzaban a cubrir lo relativo al mes de agosto, y que, en caso de no recibir la ampliación presupuestal solicitada, el Instituto Estatal Electoral de Colima no tendría los recursos necesarios para pagar sueldos, laudos y gastos de operación correspondientes a este mes en curso. Sin embargo, a la fecha, no han recibido una respuesta a su petición.

El caso de Colima prende todas las alertas. No cabe duda de que este fenómeno forma parte de una estrategia integral para disminuir el entramado democrático institucional. Y esa estrategia no sólo la estamos viviendo en México. En la comentada sesión del 7 de septiembre de este año, Lorenzo Córdova, presidente del Consejo General, ejemplificó las distintas estrategias y acciones que forman parte de esta ofensiva: en Brasil, como en México, asistimos a una ofensiva de descalificaciones hacia las autoridades electorales lanzada desde el poder; en Perú y en Bolivia, los titulares de los organismos electorales son atacados física y penalmente.

En otros países como República Dominicana, a través de la inanición presupuestal, se está condenado a muchos órganos electorales.

Además de estos ataques directos a las instituciones electorales, otra de las amenazas directas que se lanzan en su contra es la de disminuir sus capacidades a través de reformas a las leyes electorales. En México, con la reforma propuesta por el presidente López Obrador, y en el Reino Unido, con las propuestas del ex primer ministro Boris Jhonson, se pretende aumentar los controles gubernamentales sobre los órganos electorales.

El INE y los organismos públicos locales están bajo el mismo asedio que muchas otras instituciones en diversas latitudes. El caso de Colima debe significar un poderoso llamado de auxilio y de atención porque, de llegar el caso de que ese organismo suspenda sus trabajos, estaremos en presencia de la más grave violación de derechos políticos de los ciudadanos que perderán toda certeza de poder elegir a las personas que ocuparan los cargos de los poderes públicos y se pueden ver privados del derecho a votar y ser votados para integrar a sus órganos de gobierno.

Morena, partido del que emana el Ejecutivo de Colima y la mayoría de su Congreso local, justifica el castigo presupuestal impuesto a su Organismo Público Local por la situación económica del Estado, derivada de la mala administración del gobierno anterior. El gran peligro de esa argumentación es que las condiciones presupuestales son pretexto para derogar el texto de la Constitución.

Y mucho más grave es imaginar que cuando finalmente estalle la crisis fiscal a la que invariablemente nos conduce López Obrador, serán los derechos políticos de millones y los derechos laborales de miles los que sean eliminados. Cada día es más evidente ¿por qué defender al INE?, defender al INE es defender a México.

Humberto Aguilar Coronado es Diputado Federal en la LXV Legislatura de la Cámara baja.

Twitter: @Tigre_Aguilar_C