¿Cómo, desde nuestros gobiernos, podemos ofrecer una respuesta humanista y eficaz a esta pandemia de violencia?

En nuestro país, los nombres de las mujeres y niñas que han vivido en carne propia alguna forma de violencia, desigualdad, discriminación y feminicidio se cuentan por miles, las cifras resultan tan altas y alarmantes que pudiera considerarse una pandemia. El COVID-19 agudizó y profundizó esta problemática que ya es endémica.

La violencia hacia las mujeres no ha sido ajena a la sociedad mexicana, a la juventud y al Partido Acción Nacional. Las mujeres panistas, desde la trinchera que nos encontremos, deseamos ser parte de las soluciones, de la construcción de paz, de seguridad y de un luchar más libre para todos. Si bien hemos participado en protestas, no dejamos de hacerlo desde el marco de nuestros principios y de forma pacífica. También nosotras tenemos miedo, pero sobre todo estamos convencidas y es mucho lo que podemos aportar.

Los esfuerzos por contener la violencia feminicida han sido constates en las últimas décadas, sin embargo, bajo el gobierno actual de López Obrador queda más que claro, con los hechos, las estadísticas y los discursos, que las mujeres no somos objeto de respeto ni de una verdadera estrategia que nos garantice que estemos libres y seguras. Las instituciones se han quedado desprovistas de estrategias y validez, o simplemente han desaparecido impunemente como los refugios de mujeres o las estancias infantiles.

Asimismo, los recursos municipales y estatales para la seguridad pública y la prevención del delito, y los destinados a las alertas de género de CONAVIM, por citar sólo algunos de ellos, han desaparecido. Lo que no es medible bajo ningún método o estadística es el dolor que padecen día con día las víctimas directas o indirectas en cada hogar.

Lo alarmante es el número de mujeres víctimas de algún delito en México, que se incrementó en el primer trimestre de 2022 en 9.5 por ciento con relación al mismo periodo de 2021, según revelan cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), convirtiendo a marzo del presente año en el mes con más mujeres víctimas de algún delito desde 2015, con más de 10 mil.

De hecho, la barrera de las 10 mil mujeres víctimas de algún delito por mes sólo se ha roto tres veces: mayo de 2016, con 10 mil 40; mayo de 2019, con 10 mil 465, y marzo de 2022, con 10 mil 579. La violación tuvo un incremento del 10.7 por ciento; la violencia de género, 3.09 por ciento, y otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal, 2 por ciento.

A todo esto, debemos sumarle la revictimización y abandono sistémico a las que son sometidas por quienes tienen la responsabilidad de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Siendo el principal, el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, quien recordemos, ante el reclamo por los feminicidios en el país, responsabilizó de esta ola de violencia al neoliberalismo, solicitando a las mujeres que “con todo respeto, que no pinten las puertas, ni las paredes”.

No debemos de ser ajenos ante la situación, como gobierno y actores políticos, la atención a la violencia requiere de todo nuestro esfuerzo y trabajo para combatirla, y así eventualmente lograr que las mujeres vivamos una vida libre de violencia.

Los gobiernos de Acción Nacional que se crearon han sido fieles aliados de las mujeres, ya que fue durante su administración que se crearon instituciones como el Instituto Nacional de las Mujeres y diversos programas sociales con enfoque de género, cuyo objetivo fue, es y será lograr la igualdad.

Como legisladora quiero destacar dos cambios en nuestro marco normativo que han sido parteaguas en la materia: la promulgación de la Ley General del Acceso a las Mujeres a una vida sin Violencia y la reforma constitucional de Derechos Humanos. Sin esta última no podría entenderse la existencia de las fiscalías especializadas, la capacitación, la perspectiva de género en la atención a víctimas y una serie de avances que dan un antes y un después.

Los Centros de Justicia para las mujeres se crearon también como una respuesta para hacer frente a un panorama terrible, desde una perspectiva transversal y multidisciplinaria con modelos de creación/operación, así como reglas muy específicas dentro del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

La pregunta para las y los panistas es: ¿qué sigue desde la trinchera que ocupamos que es enorme?, ¿cómo desde nuestros gobiernos podemos ofrecer una respuesta humanista y eficaz a esta pandemia de violencia?, ¿qué es lo que Acción Nacional puede y debe aportar desde su visión de México?

En medio de casos tan trágicos como los suscitados en los últimos meses, no debemos dejar que las circunstancias nos rebasen. Nuestra lucha por una vida libre de violencia debe de ser sin descanso y tenemos que plantear, desde nuestras plataformas, gobiernos y de forma personal, las acciones necesarias para contribuir a la solución.

Debemos dejar normalizar la violencia, tenemos que luchar por presupuestos suficientes y amplios que permitan que las buenas acciones se materialicen, la creación y fortalecimiento de instituciones que efectivamente sirvan, protejan y procuren justicia. Políticas públicas de prevención de largo alcance, cuyos resultados no serán vistos en el mediano ni en el largo plazo, pero que son inaplazables en esta brega de eternidad para construir ciudadanía y la paz que todas y todos merecemos.

Nuestros gobiernos deben distinguirse por ser humanistas y entrones, como lo es la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien, ante casos de este tipo, lejos de esconder la cabeza ante esta problemática ha dado la cara de inmediato y tomado acciones en concreto. Considero que el mensaje de la mandataria chihuahuense es muy claro porque no niega, ni minimiza la problemática, sino que actúa de manera sensible y contundente.

Las y los panistas estamos llamados a actuar ante la violencia en contra de las niñas, adolescentes y mujeres, a asumirnos como factores de cambio, como hombres y mujeres que buscan el bien común. Estamos dispuestos a dar la batalla por una vida libre de violencia.

Georgina Alejandra Bujanda Ríos es Presidenta del H. Congreso del Estado de Chihuahua en la LXVII Legislatura.

Twitter: @geobujanda