Conflicto con tintes políticos

La Nación que el resultado contrario al informe presentado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), no es una controversia fortuita o sólo una ocurrencia o discrepancia de opiniones, ya que subyace la intención del Gobierno federal de suprimir la medición y valoración de la pobreza en México. La legisladora aseguró que el fondo de la disputa entre los órganos públicos es político, ya que el pasado 15 de julio el INEGI informó que mejoró el protocolo de la encuesta de medición de la pobreza, pues afirma que los encuestados reportan ingresos menores a los que realmente tienen y en consecuencia los ajustaron para que coincidan con la supuesta “realidad”. “El gobierno del presidente Peña Nieto ha sido un fracaso y la forma de disfrazar ese fracaso social, económico y político, es simplemente alterando las cifras de pobreza en nuestro país, como si con ello, al ocultar la realidad, modificáramos sus consecuencias”, refirió. Ramírez Ramos explicó que la forma más clara de apreciar la trascendencia y el impacto de las políticas públicas de una administración es en la medición de la pobreza, de manera que, si el número de pobres disminuye en el transcurso de un período sexenal, se podría afirmar que el gobierno durante ese lapso acertó no sólo en los diagnósticos, sino en la ejecución de sus políticas y planes de gobierno. “Es decir, un gobierno exitoso es aquél que en primera instancia disminuye esa brecha entre pobres y ricos, genera más y mejores oportunidades y distribuye de manera adecuada el ingreso nacional”, detalló. La panista externó que los cambios en medición de pobreza realizados por el INEGI son una maniobra calculada para evitar una calificación negativa, puesto que todos los indicadores apuntan que hoy existen muchos millones más de pobres que hace cinco años. “Esta alteración de la realidad en nuestro país genera desconfianza, no sólo entre los ciudadanos sino entre las propias instituciones. El Coneval no le cree al INEGI y nosotros no le creemos al gobierno”, agregó. En cuanto al trabajo desde el Congreso de la Unión, la diputada refirió que pese a que el conflicto se dio durante el receso en la Cámara de Diputados, este será un tema prioritario que abordarán desde el primer día de sesiones en septiembre. La legisladora albiazul resaltó que la primera razón de medir periódicamente el índice de pobreza en el país es para dejar constancia de los resultados obtenidos por la aplicación de los programas sociales y las políticas públicas. Advirtió que de no ser posible comparar los indicadores de pobreza con los de los años anteriores, tampoco lo será establecer ninguna relación respecto del avance o retroceso en el tema, “esa es precisamente la cuestión: no existirán datos que nos permitan visualizar si vamos o no por el camino correcto”. La panista lamentó el hecho de que el PRI-Gobierno pretenda dejar de lado su responsabilidad en el combate a la pobreza. Muestra de ello, dijo, es la evidencia palpable de la corrupción, el mal desempeño en materia económica, el desaprovechamiento de las reformas estructurales, el fracaso de la supuesta gran cruzada contra el hambre, la falta de incentivos para la inversión y la inutilidad de los programas federales. Finalmente, aseguró que para los panistas el combate a la pobreza es una prioridad, ya que ésta es una realidad que lastima y ofende a todos los mexicanos. “Las acciones encaminadas a disminuir la pobreza deben ser nuestras principales preocupaciones. No debemos perder el sentido social y humanista de Acción Nacional, y precisamente en el respeto a la dignidad de la persona humana, tenemos la base para el combate a la desigualdad y el hambre”.