El fracaso de las urnas o la inevitabilidad de la violencia

Por Humberto Aguilar Coronado. La madrugada del martes 30 de abril nos sorprendió con la noticia de que Leopoldo López, el líder opositor venezolano sujeto a prisión domiciliaria, había sido liberado por fuerzas militares leales a Juan Guaidó, Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Unas horas después fuimos testigos de un vídeo transmitido por el propio Guaidó, rodeado de militares, en el que lanzó un llamado a la movilización de los ciudadanos. Los rasgos más destacables del mensaje del presidente de la Asamblea Nacional fueron la afirmación de que las fuerzas armadas venezolanas abandonaban el régimen chavista y la invitación a la ciudadanía para alcanzar el “cese de la usurpación”. La presidencia de Nicolás Maduro respondió varias horas después, calificando el movimiento como un intento de golpe de Estado, “escaramuza golpista” la llamó Maduro, advirtiendo que no habría impunidad para los promotores de la intentona y desmintiendo las declaraciones del Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, en el sentido de que estaba listo para abandonar Venezuela con destino a Cuba, pero que había sido detenido por órdenes de Rusia. Para el miércoles primero de mayo, Guaidó invitó a mantener la presión en las calles y afirmó que Nicolás Maduro ya no tiene el respaldo de las fuerzas armadas. Es evidente que ambos bandos se disputan la lealtad de las fuerzas armadas venezolanas. Es evidente, también, que la decisión de las fuerzas armadas puede determinar el resultado de esta crisis específica pero que, en ningún escenario, será determinante para resolver el problema político de Venezuela de manera sostenible. En el amplísimo y sonoro debate público que en México se ha desatado a raíz de los acontecimientos que iniciaron el martes en Venezuela, se escuchan voces que parecen pretender asimilar la polarización venezolana a la polarización mexicana. No hay duda de que ambas sociedades estamos viviendo un proceso de polarización y, por eso, llama la atención que los defensores de Maduro sean, generalmente, los defensores de López Obrador y los promotores de Guaidó sean los más severos críticos del presidente mexicano. El debate puede simplificarse si colocamos a los confrontados como promotores del golpe de Estado, por un lado, o como defensores de la dictadura, por el otro. Mientras tanto, el Estado mexicano mantiene la postura, pese a la presión de la OEA y de una cincuentena de países, de imparcialidad diplomática e insiste en los esfuerzos de la Secretaría de Relaciones Exteriores en convertirse en un agente que propicie la solución pacífica del conflicto de lo que, por lo pronto, resultó el Mecanismo de Montevideo que, sin embargo, no cuenta aun con el visto bueno de las partes en conflicto en Venezuela. El resultado que hoy vive Venezuela es consecuencia de dos factores centrales: la derrota de la democracia como mecanismo de solución del conflicto político y la falta de respeto a la Constitución venezolana para utilizarla como arma política y no como instrumento institucional de funcionamiento del Estado. Sin duda, la crisis venezolana nace del fraude electoral. Por ello, hasta los más acérrimos defensores de Maduro reconocen que el régimen de ese país tiene las características de una dictadura. La más reciente declaración vía Twitter de Gibrán Ramírez significa un reconocimiento por parte de la inteligencia de la izquierda mexicana de que ese régimen es profundamente antidemocrático, autoritario y dictatorial. Por otra parte, la oposición a Maduro ha desplegado una estrategia de interpretación constitucional en la que, sin la intervención de una instancia jurisdiccional que declare la invalidez del proceso electoral, concluyó la falta de presidente para detonar el proceso de sustitución que provocó que Juan Guaidó fuese reconocido internacionalmente como presidente del país. Lo cierto es que la tensión y los peligros que se viven en Venezuela no parecen encontrar un camino de retorno. Leopoldo López refugiado en la sede de la embajada chilena; Guaidó afirmando contar con el respaldo de las fuerzas armadas; Maduro calificando la revuelta como un intento de golpe de Estado y una tanqueta militar arrollando y lesionando civiles. La posibilidad de que Maduro convoque a elecciones o de que un proceso convocado por Guaidó concluya exitosamente es inimaginable en este momento. La postura de los Estados Unidos, de la Unión Europea y de la mayoría de los miembros de la OEA limita las posibilidades de una solución negociada. Todo parece indicar que el apoyo del ejército será el factor que determine la suerte de las fuerzas en disputa en las próximas semanas; es el ejército el que puede decidir si crece la resistencia civil o si se sofoca rápidamente; es el ejército el que puede decidir si Maduro se mantiene en el poder o si tiene que huir a Cuba o a cualquier otro destino. Es el ejército el verdadero detentador del poder político en Venezuela. Cuando las fuerzas armadas tienen ese control político la violencia suele ser inevitable. Estas reflexiones tienen un propósito central: promover la idea de que el respeto a las instituciones democráticas y a la Constitución significan las decisiones fundamentales de un país que aspira a solucionar sus diferencias de manera pacífica, razonable y dialogada. Por eso, desde todos los espacios en que me es posible insisto en que debemos levantar la voz para que los ejemplos mexicanos de no respeto a los valores de la democracia y a la Constitución no sean minimizados. Los ataques constantes a la prensa crítica; la descalificación del adversario político; la ridiculización de los esfuerzos gestados desde la sociedad civil; la estigmatización a través de la corrupción no acreditada legalmente; los transitorios constitucionales que ponen a las fuerzas armadas a disposición del presidente para tareas de seguridad pública sin controles democráticos, y los memorándums que ordenan desconocer la Constitución, por más popularidad y respaldo que generen deben ser permanentemente señalados. Esa es, sin duda, una tarea en la que no nos detendremos.   Humberto Aguilar Coronado es Director General de la Fundación Rafael Preciado Hernández. Twitter: @Tigre_Aguilar_C