El futuro de las personas adultas en México y las pensiones

De acuerdo con cifras de Transparencia Presupuestaria, en el año de 2021, el Gobierno federal tenía registrada una población potencial mayor a 65 años de edad de 10,321,914, personas con el derecho de recibir una pensión a través del programa presupuestal pensión para el bienestar de las personas adultas mayores (pensión no contributiva) y de las cuales se atendió al 94 por ciento, lo que equivale a 9,698,892 personas. Debe recordarse que la edad actual de retiro para poder recibir dicha pensión es de 65 años o más, tanto para mexicanos de nacimiento como para extranjeros naturalizados.

De acuerdo con proyecciones poblacionales que realiza el Consejo Nacional de Población (CONAPO), del año 2018 al 2024 la población adulta pasará de 9,081,729 personas a 11,370,655 personas, lo que significa un incremento de 2,288,926 personas. Por su parte, el presupuesto aprobado para el programa de pensión para el bienestar para atender a este grupo de edad pasará de 100 mil millones de pesos en 2019 a 439.3 mil millones de pesos en 2024, lo cual significa que durante el sexenio de López Obrador se destinarán en forma acumulada para dicho programa 1 billón 382 mil millones de pesos corrientes. Cabe señalar que en los últimos dos años este presupuesto aprobado incrementó 100 mil millones de pesos, por lo que es probable que para 2024 el presupuesto también incremente en esta cantidad para quedar en 439.3 mil millones de pesos.

En el próximo sexenio presidencial la población de este grupo de edad pasará de 11,370,655 personas en 2024 a 14,248,277 en 2030, lo que significa un incremento de 2,877,622 personas. En consecuencia, de seguir este programa presupuestal de pensión para el bienestar para las personas adultas se necesitará poco más de 1 billón 737 mil millones de pesos, es decir, cerca de 286 mil millones de pesos cada año para cubrir a las 14,248,277 personas de este grupo de edad al final del sexenio. De no realizarse una reforma fiscal profunda para los siguientes años, 2.9 millones de personas de este grupo de edad corren el riesgo de no recibir transferencias monetarias a través del programa de pensión del bienestar para personas adultas.

Por otra parte, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, 10 por ciento de la población económicamente activa ocupada son personas mayores a 65 años de edad al cierre de 2022, lo cual significa cerca de 6 millones de personas que representa el 57 por ciento del total de este grupo poblacional, además, de esta cantidad, el 77 por ciento gana menos de dos salarios mínimos y 70 por ciento se ocupa en la informalidad, aproximadamente. De mantenerse esta estructura porcentual, significa que para el 2030 habrá poco más de 8 millones de personas adultas ocupadas, de las cuales 5.6 millones se ocupará en la informalidad y 6.2 millones de personas adultas ganará menos de dos salarios mínimos.

En consecuencia, la falta de un ingreso bien remunerado para las personas adultas que trabajan y la informalidad que no genera ahorros ni prestaciones limitarán la calidad de vida de las personas adultas en los próximos años. En ese sentido, la Organización Mundial del Trabajo (OIT) argumenta que, a medida que las personas se hacen adultas, la posibilidad de ocuparse en la informalidad aumenta y más en el caso de las mujeres, pues el 75 por ciento de las mujeres adultas se ocupa en la informalidad en comparación con el 68 por ciento de los hombres.