El inconstitucional “Plan B”

Finalmente, fue publicado el Decreto por el que se expide la reforma electoral de Morena y del presidente López Obrador. Por ello, el viernes 3 de marzo, el Consejo General del INE fue convocado para una sesión en la que se aprobarían dos acuerdos que significaron la primera expresión de la implementación de esa reforma electoral.

Tras la publicación del decreto se activó de inmediato el artículo Décimo Séptimo Transitorio que ordena el cese en sus funciones de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto y que, de inmediato, el Consejo General del Instituto nombrara, de entre los directores ejecutivos, a un encargado de despacho de la Secretaría.

Además, se aprobó el acuerdo por el que se instala el Comité encargado de la instrumentación de la reforma electoral conforme a los plazos señalados en el régimen transitorio del decreto, conformado por las Consejeras y los Consejeros Electorales que continuarán en el cargo durante los próximos años.

Así pues, se concretó la primera manifestación de la reforma electoral mediante un cese que, como señalé en la sesión del Consejo que refiero, reviste todas las características que identifican el actuar del gobierno y sus bancadas.

El cese del secretario ejecutivo del INE es un acto de venganza y una expresión de odio irracional.

Es una medida injustificada que muestra en todo su esplendor el sinsentido y la soberbia de los enemigos de la democracia. Tal como lo señalé en el Consejo General, me imagino con nitidez, la expresión de gozo reflejada en los rostros de los miembros de Morena y del propio López Obrador al presenciar un cese por control remoto, sin causas que lo expliquen y sin fundamentos ni motivaciones que lo sustenten y que, además, es grotescamente inconstitucional.

Los especialistas en Derecho Constitucional, los analistas políticos, los académicos y los actores políticos estamos convencidos de que, como en todos los casos en que los ejecutivos pretenden lesionar la autonomía de otros poderes, las personas juzgadoras que conozcan de las acciones que se interpongan contra el cese inconstitucional otorgarán las suspensiones que frenarán la medida y mandarán al pozo, el gozo del que hoy disfrutan.

Con la publicación del Decreto ha iniciado la lucha judicial por la defensa del INE, de sus funcionarios, de sus capacidades operativas y, desde luego, de sus presupuestos.

La lucha pretende defender todos los bienes públicos que ha entregado esa institución, cuyos frutos son tan visibles que fueron motivo del reconocimiento mediante la expresión política de apoyo de cientos de miles de mexicanos que el domingo 26 de febrero nuevamente tomaron las calles y, ahora, tomaron el Zócalo y sus alrededores para dejar claro al gobierno de López Obrador que no permitiremos que el gobierno asuma el control de las elecciones y que no dejaremos pasar la vergüenza legislativa que significa el “Plan B”.

Recordemos que la reforma que provoca la discusión es resultado de un magno fracaso de López Obrador y sus bancadas; no olvidemos que la apuesta del gobierno era lograr una reforma electoral de rango constitucional que, envuelta en el falso discurso de la austeridad, pretendía destruir la autonomía del órgano electoral para que el gobierno reasumiera el control de las elecciones.

Para ese propósito se presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa de reformas a la Constitución que en diciembre del año pasado fue rechazada por la Cámara de Diputados.

Ese rechazo fue producto de dos factores fundamentales: primero, los diputados demócratas fuimos capaces de escuchar y asumir las demandas de millones de ciudadanos que nos exigían acometer la defensa del INE y del sistema democrático; y, segundo, los diputados valientes de la coalición legislativa en la Cámara de Diputados resistimos las amenazas y presiones que lanzó el gobierno que no pudo doblegar la convicción democrática que inspiró la votación de diciembre del 2022.

Frente a la derrota, López Obrador y su partido dejaron claro su talante autoritario y lanzaron el paquete de iniciativas que conocemos como el “Plan B”, la cual lograría aprobar con mayoría simple, en la que incorporaron las pretensiones fallidas para apostar de manera decidida por sacar una reforma a sabiendas de que es inconstitucional.

Tenemos claro el nivel de responsabilidad política en que incurrieron el presidente y los legisladores que lo votaron a favor, ignorando que esas leyes violentan de manera descarada la Constitución.

Con esa acción estiman que han superado la derrota legislativa. La derrota moral y política la quisieron revertir en la calle con una marcha de la que nadie se acuerda porque no fue capaz de mover conciencias, ni de despertar pasiones.

Ni siquiera fueron capaces de socializar un discurso que ayudara a fortalecer una argumentación o una narrativa que justificara la violación descarada a la Constitución.

Seguramente la ruta del gobierno será repetir el esquema de presiones que intentaron para su reforma constitucional. El presidente seguirá amenazando y presionando a los miembros del Poder Judicial, pero estoy totalmente seguro de que, como ha sucedido con todas las medidas ilegales de este gobierno, los jueces otorgarán suspensiones y resoluciones de fondo que desarticulen este intento regresivo y antidemocrático.

Tal como ya sucedió con las impugnaciones contra el primer paquete del “Plan B”, no hay duda de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitirá a trámite las acciones de inconstitucionalidad que provengan del Congreso de la Unión, de las Legislaturas de los Estados y de los partidos políticos nacionales y locales, y seguramente resolverá antes de que se cumpla el plazo de noventa días, antes del inicio del proceso electoral federal, en el que López Obrador quiere ser juez y parte.

Al final, López Obrador y Morena se darán cuenta de que la lógica de polarizar sólo sirvió para despertar la conciencia política de la sociedad mexicana.

Humberto Aguilar Coronado es Diputado Federal en la LXV Legislatura de la Cámara baja.