El problema de la seguridad en México

Por Otto René Cáceres Parra. La seguridad debe ser el primer derecho de los ciudadanos y por tanto la primera responsabilidad del Estado. Joaquín Villalobos. Los niveles de seguridad e inseguridad experimentados en México se han vuelto temas prioritarios para la protección y promoción de los derechos ciudadanos debido a la falta generalizada de garantías para asegurar los derechos civiles, políticos, económicos y culturales de su población. Esto ha dado como resultado la expansión del crimen organizado y de la inclusión al mismo de sectores de la población que no encuentran acomodo dentro del sistema legal. Hablar de seguridad no es sólo referirnos a la lucha contra la delincuencia sino crear las condiciones que permitan al ciudadano vivir en un ambiente propicio de convivencia a través del desarrollo de labores de prevención y control de los factores que generan inestabilidad, violencia e inseguridad. Las condiciones internas generadas por conflictos sociales, pobreza, crisis institucionales e incapacidad gubernamental que excluyen a amplios sectores de la población de condiciones para su desarrollo en términos económicos, políticos, sociales y culturales, generan una inclinación hacia la integración en conductas delictivas, mismas que le proporcionan al individuo los medios necesarios para su subsistencia. En este sentido, se hace necesario estrategias inmediatas que procuren una efectiva protección a la ciudadanía. Las políticas de mano dura han criminalizado a los sectores más vulnerables de la población orientándose más a la represión que a la prevención de la delincuencia. Una verdadera política de seguridad en México requiere que el Estado atienda tanto la estabilidad como la vulnerabilidad y el patrón de relaciones del sistema como un todo en los tres niveles de gobierno. El mayor problema de seguridad es causado por el mismo Estado al violar los derechos humanos del ciudadano, propiciar una discriminación étnica, racial (población indígena y marginada) y de género, persecución a  voces disidentes (periodistas, articulistas, académicos), así como bajas humanas producto de la mala implementación de las políticas de seguridad (combate al narcotráfico). El Estado debe centrar su atención en resolver las necesidades básicas de la población, alimentación, salud, vivienda, empleo, como aspectos cruciales de su agenda de seguridad. Para llevarlo a cabo, debe darse un cambio en la concepción y dirección del problema incrementando las soluciones a los problemas civiles a partir de una mejor democratización, desarrollo de la sociedad civil, reconstrucción del Estado y crecimiento económico. Este último punto es crucial, se debe poner atención a la seguridad económica en México, pues tanto a nivel nacional como local existe un desencanto con la misma que ha dado lugar a manifestaciones de inconformidad, lo que puede derivar en movimientos sociales de reivindicación cada vez mas grandes por una falta de control de la economía por parte del Estado. Esto significaría un incremento en la prosperidad y el desarrollo de las necesidades humanas que abone a la agenda de seguridad. De esta manera, la estrategia de seguridad debe estar asociada a los derechos humanos y las necesidades ciudadanas. El Estado debe beneficiar, a través de sus políticas, al mayor número de personas. En este sentido, los recursos del Estado deben racionalizarse y administrarse lo mejor posible, ya que el dispendio, así como la creciente pobreza generalizada entre la sociedad y por lo tanto el beneficio de unas minorías sobre las mayorías ampliará la brecha de la desigualdad. Sin seguridad, la economía, la cultura, la vida en común, las relaciones sociales o la familia no pueden funcionar de manera adecuada. Estos aspectos al no ser atendidos de manera eficiente por el Estado producirán condiciones de ingobernabilidad. Ejemplo de lo anterior son los escenarios más recientes de brotes de violencia ocasionados por la organización criminal Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que el primero de mayo realizó 39 bloqueos en diferentes puntos del estado, daños a bancos, vehículos quemados, gasolineras incendiadas, así como el derribo de un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional. Caso similar el asesinato de 42 presuntos miembros del CJNG  el 22 de mayo a manos de la Policía Federal (del cual uno también murió), en un rancho ubicado en el municipio de Tanhuato, Michoacán, lo que provocó que la Comisión Nacional de  Derechos Humanos (CNDH) abriera un expediente de queja y realizara investigaciones para determinar si se trató de una ejecución por parte de la Policía Federal. Los niveles de seguridad e inseguridad en México son temas prioritarios para la protección y promoción de los derechos ciudadanos de su población. La falta generalizada de garantías para proteger y asegurar  los derechos civiles, políticos y económicos, aunado a crisis económicas y políticas, violaciones a los derechos humanos, represión, bajo desempeño institucional, pobreza, exclusión y desempleo han llevado al incremento de la delincuencia común y organizada, así como a expresiones de violencia por parte de grupos descontentos con el status quo actual. Si lo que se busca es aumentar los índices de seguridad del ciudadano a partir de un pleno reconocimiento de sus derechos humanos, políticos y sociales, el Estado debe redefinir sus estrategias de seguridad a partir de la generación de información e inteligencia para disminuir y abatir los índices delictivos proporcionando estabilidad política, económica y social en todo el territorio generando políticas que tienen que ver con dos conceptos fundamentales para el desarrollo integral de la población: seguridad humana y seguridad ciudadana. Otto René Cáceres Parra es maestro en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM. @OttoReneCaceres