Golpe de Estado Técnico

Cada vez que pienso que el peligro que significa López Obrador para nuestro país ha llegado a su límite, el presidente vuelve a rebasarlo. Desde luego, nadie se sorprende de que el presidente reclame la posibilidad de fraudes electorales en el próximo proceso electoral, esa es, sin duda, su hoja de vida.

Desde Tabasco, en el lejano 1988, y en los comicios de 1994 y 2000, López Obrador reclamó fraudes electorales y la actuación del aparato de poder público -gobierno, órganos electorales y fuerza pública- para impedir que el perredismo ganara la gubernatura de Tabasco.

En el 2000, cuando los habitantes de la Ciudad de México alcanzaron plenos derechos políticos y unos años después de que Cuauhtémoc Cárdenas ganara la primera elección de gobierno de la ciudad, López Obrador se convirtió en jefe de Gobierno del centro político y económico del país.

No tuvo necesidad de argumentar fraude porque no lo hubo y los partidos derrotados asumieron democráticamente el resultado y permitieron que las instituciones concluyeran el proceso sin mayores sobresaltos.

En el 2006, la elección presidencial significó una nueva derrota para López Obrador que fue apenas superado por el candidato del PAN, Felipe Calderón.

Sin mayores elementos de juicio, López Obrador activó su memoria histórica tabasqueña y arrancó con el despliegue de un monumental reclamo de fraude electoral. Como en Tabasco, organizó bloqueos y protestas, movilizó a sus simpatizantes e incluso intentó impedir la toma de protesta del presidente electo.

A diferencia de lo que sucedió en Tabasco, la elección presidencial del 2006 ha sido exhaustivamente revisada. Todos los litigios iniciados para su anulación fueron plenamente desahogados en los tribunales competentes sin que se acreditara la existencia de causas de nulidad.

A diferencia de sus compañeros tabasqueños de la década anterior, los seguidores de López Obrador no fueron reprimidos ni desalojados con violencia de sus plantones y campamentos, a pesar del enorme daño que causaron en la actividad económica y los trabajos de miles de personas en las zonas tomadas.

Y a pesar de no haber logrado el objetivo de cancelar el resultado del proceso electoral, López Obrador consiguió un arma que le resultó fundamental para, finalmente, alcanzar la presidencia de la República en el 2018: la narrativa del fraude.

Esa narrativa exigía a un oponente fraudulento y tramposo, poderoso, capaz de movilizar recursos y alcanzar apoyos gracias al poder económico y político de sus miembros y acuñó la frase: la mafia del poder.

Esa mafia que, según su visión política, se enfrentaba a un pueblo ansioso de justicia, que no contaba con los recursos y el poder del enemigo pero que, a cambio, poseía el valor, el hambre de justicia y la entereza moral suficiente para vencer a esa mafia enemiga.

En la elección de 2012 la herramienta todavía no estaba suficientemente aceitada.

Evidentemente se mantuvo el discurso pues, a cambio de la derrota, se construyó un nuevo partido político diseñado exactamente para los fines del obradorato y se experimentó un crecimiento electoral sin precedentes para un partido de nueva creación que, en sólo cuatro años, ganó la presidencia de México y se convirtió en la primera fuerza en el Congreso de la Unión.

Así, quedó claro que la estrategia del discurso del fraude y de la polarización, le funcionaron a la perfección a Morena y a su jefe.

Conquistaron la mayor tajada del poder político en México y lo hicieron dotados de una enorme legitimidad por la fuerza de los votos.

Por eso, escuchar al presidente de México, a unas cuantas semanas de la jornada electoral que definirá a su sucesora, hablar de un “golpe de estado técnico” debe encender todas las alarmas. En verdad asusta la infidelidad democrática de López Obrador.

La premisa de la que se parte para hacer esa afirmación es que el resultado de la elección no está definido como quieren hacer creer los corifeos del régimen.

No tendría ningún sentido sembrar la sospecha de una actuación concertada por los enemigos del presidente para arrebatarle la elección mediante la actuación de tribunales electorales, si el resultado fuera de una diferencia de 20 o 30 puntos como anuncian las encuestas del régimen.

Ninguna ley electoral puede ser usada para pretextar una anulación con un resultado como ese.

Sólo con diferencias menores a cinco puntos puede pensarse seriamente en una anulación, y solo en el supuesto de rebase de topes de campaña.

Las causales de nulidad que se están construyendo con la ilegal intervención del presidente en la elección no serán suficientes para una nulidad (y López Obrador lo sabe perfectamente) porque será imposible probar que fueron determinantes en el resultado.

Así que la hipótesis de que pueda ser anulada una elección en la que triunfe la candidata del oficialismo puede quedar de lado.

Queda, entonces, otra hipótesis: si el triunfo es de Xóchitl Gálvez, el oficialismo intentará anular la elección.

En esa hipótesis, si el Tribunal electoral no la concede, se actualizaría la amenaza de López Obrador y escucharíamos el grito de Golpe de Estado Técnico. ¡Los intentos de golpes de estado se sofocan con las armas!

Así que me temo que López Obrador nos está anunciando que está dispuesto a usar la fuerza para imponer el resultado que él desea, aunque no sea el que arrojen las urnas. No sé qué inspira más terror, las mentiras o las amenazas de López Obrador.