Inicia el proceso electoral 2023-2024

Ha iniciado formalmente el Proceso Electoral 2023–2024, que significa la confirmación de que las y los mexicanos, desde hace más de un cuarto de siglo, decidimos vivir en democracia.

Con ese motivo, en la sesión del consejo general del Instituto Nacional Electoral, celebrada para declarar el arranque del proceso, hice algunas reflexiones que comparto desde esta publicación.

La gran transformación mexicana consistió en abandonar de manera definitiva la simulación democrática, para entrar de lleno a un modelo de competencia real entre fuerzas políticas, basada en la exhibición pública de méritos, virtudes, defectos y propuestas, otorgándole al ciudadano la potestad definitiva para otorgar el poder público.

Para institucionalizar esa decisión y generar condiciones de solidez operativa, se invirtieron cuantiosos recursos humanos, financieros, sociales y políticos, para desarrollar un sistema de partidos políticos genuino y para construir autoridades electorales profesionales, dotadas de las capacidades técnicas, jurídicas y financieras suficientes para cumplir su misión constitucional, es decir, para garantizar al pueblo de México el óptimo funcionamiento de una República representativa, democrática, laica y federal.

Más allá de eslóganes publicitarios huecos y gastados, la verdadera transformación política de México -después de la Revolución- consiste en el proceso de consolidación del modelo democrático que se ha construido desde la última década del siglo XX.

El cambio profundo y transformador de México se alcanzó cuando los votos dejaron de ser una habilidad para refrendar decisiones tomadas desde la presidencia y se convirtieron en la herramienta política desde la que el pueblo debe ejercer su soberanía.

Por eso, el momento fundacional de la transformación de México es aquél en que la decisión o dedazo de un presidente de la República no pudo ser operada en las urnas para su convalidación jurídica.

Fox y la alternancia política significaron la verdadera transformación política de México. Desde entonces, las elecciones federales y locales han sido, cada vez de manera más auténtica, ejercicios reales de expresión de la voluntad política del pueblo de México; desde entonces, las autoridades emanadas de cada proceso electoral han surgido a la vida pública dotadas de mayor legitimidad y con mayores capacidades de conducción política.

Desde entonces, el conflicto político se resuelve en las urnas, la incertidumbre en los resultados dejó de ser un factor de crisis política y se ha consolidado un ambiente de normalidad democrática de enorme valor político y social.

Evidentemente, para que este proceso funcione es necesaria la convicción democrática y el compromiso político de los actores para asumir la definitividad del resultado electoral.

Los actores políticos, en especial el presidente, están obligados a asumir la victoria o la derrota en las urnas y reconocer el triunfo del adversario como condición indispensable para el funcionamiento del modelo. Esto no excluyó la discusión pública sobre los resultados, ni exigió silencio y sumisión de las fuerzas derrotadas.

Al contrario, la lógica de la provisionalidad del triunfo demandó a las otras fuerzas políticas fortalecer sus discursos y mejorar sus estrategias para preparar la siguiente contienda.

Así, el triunfo de López Obrador en el 2018 es tan democrático como lo será su derrota en el 2024, como parte del proceso de evaluación y retiro de la confianza al que tiene derecho el pueblo de México. En ese contexto es que debe evaluarse la importancia política de la declaratoria de inicio del Proceso Electoral Federal.

Hemos escuchado insistentemente que viviremos el proceso electoral más grande de la historia, pero se refieren al número de cargos a elegir y al número de electores que podrán ejercer su derecho al voto.

Sin embargo, el tamaño de la elección y el número de electores son componentes que estaban suficientemente previstos desde que se aprobaron las reformas que compactaron fechas de jornadas y cargos a elegir, acompañadas del dato del crecimiento demográfico de México.

Así que, teniendo claro que es la elección más grande jamás celebrada, lo cierto es que ese no es el dato relevante de este proceso. El dato clave, el dato crucial es que estamos frente a la elección más peligrosa de nuestro tiempo.

Vamos a enfrentar una elección en el que, por primera vez en las últimas tres décadas, el Gobierno federal renuncia abierta, descarada e ilegalmente a la imparcialidad y coloca en el escenario señales que advierten sobre un eventual rechazo a los resultados si éstos no favorecen a sus candidatos.

Por primera vez, en las últimas tres décadas, desde la presidencia de la República se han desplegado estrategias de comunicación y presión política que pretenden debilitar al árbitro para que no pueda detener o sancionar actos abiertamente ilegales de Morena y sus candidatos.

Por primera vez en las últimas tres décadas, el presidente de la República ha promovido aspirantes de su movimiento y fustigado a aspirantes opositores en la tribuna pública más poderosa de la nación.

Día tras día violenta las limitaciones que le impone la Constitución, burlándose de la democracia y de la vocación democrática del pueblo de México, y promoviendo un desgaste institucional para fomentar un río revuelto creyendo que será el único pescador.

Si los cálculos del presidente se concretan, tendremos que asumir que ofrecimos a la democracia mexicana en sacrificio y que el esfuerzo de cientos de miles de personas y el uso de varios miles de millones de pesos en construir nuestro sistema se habrán tirado por la borda.

Por ello ésta, la elección más peligrosa de nuestra historia, debe terminar convertida en la elección más importante del periodo de transformación política de México. Cada uno de los actores con compromiso democrático debemos hacer lo que nos corresponde para que el presidente fracase en su intentona.

Hemos sido testigos cómo, con marrullerías y chicanadas, el presidente burla las medidas cautelares que se le han dictado. Hemos sido testigos del cinismo con el que las “corcholatas” del bloque gobernante eludieron responsabilidades en materia de gastos de propaganda en espectaculares y en bardas por todo el país.

Hemos presenciado cómo entre ellos se acusaron de usos de recursos públicos en beneficio de sus aspiraciones y como pretenden deslindarse con infantiles desmentidos.

Así que ya podemos imaginar lo que viene. Se dice que lo que viviremos es una elección de Estado y que desde el poder público no se escatimarán recursos para garantizar la continuidad del régimen. Se afirma, con razón, que el triunfo de la continuidad del régimen basado en una elección de Estado significará el derrumbe del edificio democrático para volver a la era de la simulación.

En efecto, enfrentamos la elección más importante de la historia reciente de México. La elección que nos obliga a sostener nuestro modelo, a afianzar nuestras instituciones y a impedir que el resultado sea producto del acecho de las fuerzas antidemocráticas.

En cada actividad del proceso electoral, Acción Nacional estará presente y atento para vigilar que se ejerzan a plenitud las facultades sancionatorias con que cuenta el INE. Cada que se rebase la línea de la legalidad, levantaremos la voz y exigiremos consecuencias jurídicas. No permitiremos que alguien que deba ser sancionado pueda burlar la ley y no callaremos frente a los abusos del poder y el cinismo del presidente.

Hoy, gracias a la movilización ciudadana y al esfuerzo de partidos y dirigentes políticos, se ha erradicado el fantasma de la predestinación del resultado electoral. Hoy nadie puede garantizar un resultado en la jornada electoral. Pero esta circunstancia, venturosa en términos democráticos, vuelve doblemente peligroso a nuestro nuevo ogro filantrópico.

El error que no debemos cometer, ni autoridades electorales, ni fuerzas democráticas, ni sociedad civil, ni pueblo de México, es permitir la normalización de un régimen antidemocrático que premia y castiga sin contrapesos ni transparencia. Ese futuro no lo merecen nuestros hijos.

Humberto Aguilar Coronado “El Tigre” es Diputado Federal en la LXV Legislatura de la Cámara baja.