La batalla por el INAI

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) es el órgano encargado de garantizar el derecho a la información de los ciudadanos. Hoy se encuentra incompleto e imposibilitado legalmente para emitir resoluciones, ya que la mayoría morenista en el Senado se ha negado a elegir a los tres comisionados que hacen falta.

En un país que históricamente se ha caracterizado por un gran número de dependencias públicas inservibles y de burócratas parasitarios, la batalla por el INAI parecería destinada a perderse en la opinión pública. Quizá sean muchos los que crean, incluso de buena fe, que prescindir de este tipo de instituciones ayuda a ahorrar recursos y agilizar el actuar gubernamental. Pero esto, claramente, no es así. Veamos por qué.

Hay un conjunto de elementos que son consustanciales a cualquier sistema democrático, el cual va más allá de la sola elección popular de los representantes y las autoridades. Uno de ellos es la transparencia y el acceso a la información.

Este derecho se pudo ejercer plenamente a partir de la primera ley al respecto que existió, en 2001, una vez que había llegado al Gobierno federal el panista Vicente Fox. Hasta entonces, era imposible saber, por ejemplo, cuánto ganaba un diputado o un secretario de estado, o cuánto se destinaba a una determinada obra pública.

A través de la transparencia y el acceso a la información es posible controlar al poder público y obligarlo a rendir cuentas a la sociedad. No es casualidad que los gobiernos autoritarios se conduzcan en las sombras y el secreto, y utilicen recursos públicos para obtener beneficios privados.

Como bien lo argumentaron Alonso Lujambio y Ricardo Becerra en un estudio publicado en 2006, el acceso a la información se vuelve indispensable para que los gobiernos reduzcan sus decisiones arbitrarias y discrecionales; para que la discusión pública ocurra sobre bases documentadas y razonadas; para que las elecciones sean el fruto de una ciudadanía bien enterada que tenga instrumentos de control; para que los medios de comunicación desarrollen su trabajo sobre bases ciertas y probadas; y para que exista un diálogo permanente entre funcionarios y ciudadanos.

De esta forma, la transparencia de las acciones de los funcionarios públicos se configura como un elemento indispensable para prevenir y disuadir la corrupción.

Por eso es tan preocupante lo que está ocurriendo en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Hace unas semanas circuló un audio en el que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, instruye a los senadores de Morena a no nombrar los tres comisionados que hacen falta en el INAI, para evitar así su funcionamiento. Según el secretario de Gobernación, ése sería “el mundo ideal” para el presidente López Obrador, el cual aseguró que “el INAI no sirve para nada”.

Es importante recordar que gracias al INAI y a las actuales leyes de transparencia y acceso a la información pudieron conocerse fraudes como el de la “Estafa Maestra” en el gobierno de Enrique Peña Nieto, así como los contratos que Pemex entregó a la empresa en la que trabajaba el ejecutivo que le “prestó” la casa en Houston a José Ramón López Beltrán, o los contratos con los que el Ejército construyó el AIFA.

Hoy puede saberse cuánto gana cualquier servidor público, cuánto se gastan los gobiernos en obras, qué contratos se adjudican y a quiénes, así como cuántos recursos públicos reciben universidades, sindicatos, partidos políticos, órganos autónomos o personas físicas y morales en el ámbito federal, estatal y municipal.

El INAI sirve para garantizar ese derecho a la información. Es un bastión contra la opacidad y el hermetismo gubernamental. Hoy es momento de defenderlo frente a quienes pretenden destruirlo o hacerlo inoperante.

La batalla por el INAI es también una batalla por la democracia. Por eso vale la pena darla y ganarla.

Fernando Rodríguez Doval es Secretario de Estudios y Análisis Estratégico del CEN del PAN.