La defensa de la democracia en el proceso electoral de 2024

Este año que empieza conlleva muchas expectativas enfocadas en alcanzar un cambio verdadero para México y, sobre todo, un cambio positivo que impacte en los gobiernos locales. En esta oportunidad, el tema abordado incrementará su relevancia en los próximos meses, hablamos del proceso electoral más grande en la historia de México, que de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), se espera que voten alrededor de 98 millones de mexicanas y mexicanos que definirán la suerte de poco más de 20 mil cargos públicos, siendo estos la renovación de la Presidencia de la República y la totalidad del Congreso de la Unión (128 senadores y 500 diputados).

Se elegirán además nueve titulares de Poderes Ejecutivos Locales: Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Asimismo, en los 32 estados de la República se renovarán tanto legislaturas locales como ayuntamientos, mientras que en la Ciudad de México las 16 alcaldías tendrán también procesos electorales para renovar sus autoridades públicas. De esa magnitud es el reto que se avecina en los próximos meses, por ello es indispensable que los gobiernos locales humanistas estemos preparados para enfrentar los desafíos por venir.

Como se ha mencionado reiteradamente, la democracia y la participación política de nuestras comunidades se ven limitadas por el autoritarismo del Gobierno federal y las autoridades que de él emanan. En este contexto, el término de participación ciudadana o democracia se encuentra expuesto a grandes obstáculos que limitan los trabajos de coordinación y canales de comunicación, sobre todo en el último sexenio, en donde desde el inicio padecimos de un sistema centralista que ha limitado nuestras facultades y atribuciones. Así pues, con este panorama presente, tendremos que recibir un proceso electoral que definirá gran parte del rumbo del país.

El INE hará frente, en un contexto hostil y con un marcado debilitamiento de sus capacidades administrativas, a un proceso que debe garantizar la confianza de la ciudadanía y preservar la integridad, transparencia y legalidad del proceso electoral. En este tenor, el INE es el órgano constitucional autónomo en el que auténticamente quedan representados los intereses y prioridades de nuestra sociedad para alcanzar, por la vía legal y alejada de la violencia política generada por las autoridades gubernamentales, el reconocimiento de los resultados de los procesos de elección.

Cabe resaltar que los órganos autónomos constitucionales fueron creados con el propósito de desarrollar funciones específicas y especializadas del Estado mexicano, y desempeñan un papel crucial en la protección de los derechos humanos y la transparencia. Estas son las razones que impulsan a las y los servidores públicos humanistas, así como a la sociedad en su conjunto, para defender su autonomía y velar para que el proceso electoral sea limpio y transparente, y respete la voluntad ciudadana ante los resultados que se alcancen.

El humanismo político exige la garantía de que contemos con instituciones autónomas para conformar la democracia y justamente en los gobiernos locales humanistas es en donde más cuidamos estos principios.

A este reto, que enfrentará la sociedad en este año, hay que agregarle la dificultad que enfrenta con factores que dañan de manera considerable a nuestras instituciones y las personas, como lo es el crimen organizado, el cual ha mostrado su influencia en estos procesos en múltiples ocasiones. Un ejemplo reciente es lo sucedido en el 2021 cuando la Sala Superior ratificó el triunfo del candidato de Morena a la gubernatura de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, a pesar de acreditar que sí se probó la intervención del narcotráfico en cuatro municipios de esa entidad. El crimen organizado interviene en los procesos electorales y atenta contra la seguridad de los aspirantes, lo que pone de relieve la violencia política que se experimenta en estos procesos. Sin embargo, la seguridad en las elecciones no es responsabilidad de las autoridades electorales y es aquí donde se debe exigir, de una forma categórica, que las autoridades públicas y el Gobierno federal asuman su responsabilidad de una manera seria y efectiva para garantizar el estado de Derecho y la seguridad pública a lo largo de la República Mexicana.

Sin duda, otro de los retos que habremos de enfrentar es la propia figura del presidente de México en lo que resta de su sexenio, toda vez que continuará jugando un rol de protagonismo en las elecciones, violando las leyes en la materia, promoviendo a las y los candidatos de su partido y aliados, y contando con un Estado debilitado y sujeto a sus caprichos y exigencias, salvo contadas excepciones. En el 2023 se sumaron decenas de quejas en su contra, emitiendo seis medidas cautelares para ordenarle no intervenir en los procesos electorales y no llamar al voto en favor de su partido y sus aspirantes, así como no desvirtuar y no dañar la imagen de la oposición.

El panorama es complejo, pero sin temor a equivocarnos, también es una oportunidad para poner las cosas en su lugar y una ocasión única para mejorar las condiciones del país.

Nuestro deber, desde los gobiernos locales, será siempre el de mantener informada a la ciudadanía y dar ejemplo de nuestros actos con resultados y poniendo al frente nuestras experiencias exitosas, dando testimonio de nuestro compromiso y trabajo, invitando a la comunidad a estar al tanto de cada irregularidad, de vigilar y de blindar desde lo social los procesos electorales.