La gran derrota moral de la 4T

El triunfo electoral de López Obrador tuvo muchas lecturas. Una de ellas, contundente, presumía que la derrota de los partidos tradicionales implicaba que las agrupaciones partidistas de centro estaban “moralmente derrotadas”.

Según esa visión, el pueblo de México expresaba clara y sonoramente que rechazaba la forma de hacer política que imperaba en México y reclamaba un cambio de formas que, esencialmente, arrebataría el poder y el control a las élites y lo asentaría en el pueblo.

El tamaño del apoyo electoral que alcanzó López Obrador en la elección del 2018 permite presumir que la tesis del hartazgo a las formas políticas mexicanas estaba suficientemente sustentada en la realidad.

Desde entonces a la fecha, casi todas las acciones del gobierno de López Obrador se piensan sobre la base de corroborar la narrativa por la que se arrebata privilegios a las antiguas élites y, a cambio, se conceden beneficios a las masas.

No cabe duda que una oferta política basada en esa premisa puede generar enormes simpatías entre la población y, por ello, parece sencillo explicar los niveles de aprobación que alcanza López Obrador en las mediciones demoscópicas que se han realizado a lo largo de su administración.

Rebasada la primera mitad de este gobierno, la popularidad de López Obrador se mantiene en niveles altos; en cambio, la opinión de la mayoría en cuanto a sus resultados de gobierno demuestra el enorme fracaso que significan la mayoría de sus políticas.

Seguridad Pública, Economía y Salud, por referirnos sólo a algunos de los temas más sensibles para la población, son contundentemente reprobados y sin perspectivas de mejora en el tiempo que le resta al gobierno actual.

Este contraste entre aprobación del presidente y reprobación de su gestión se explica por la decisión del pueblo de México de mantener un voto de confianza en el presidente y darle oportunidad de mejorar su gestión en el tiempo que le queda.

Es perfectamente razonable que una sociedad que apostó por un cambio de sistema político esté dispuesta a permitir que ese cambio alcance su maduración.

Por eso es tan dramático advertir que López Obrador miente descaradamente cuando ofrece un cambio de sistema político basado en premisas de honestidad, transparencia, cero corrupción, paz y fortalecimiento del Estado de Derecho.

Afirmamos que miente y engaña con cinismo porque podemos percatarnos de que su proyecto político está asentado en las más viejas e ilegales prácticas antidemocráticas que los políticos han diseñado e instrumentado para mantener el poder y el control.

López Obrador apuesta por la continuidad transexenal de su proyecto. Sabe que no alcanzará ese objetivo con base en resultados y buen gobierno -que es el aliciente de continuidad genuinamente democrático- y que no existe un personaje con arrastre popular que pueda encabezar los afanes de Morena en la lucha por la conquista del voto ciudadano en el 2024.

Entonces, ¿cómo minimizar el riesgo de una derrota electoral? Traicionando su promesa de un gobierno honesto y utilizando todas las herramientas del autoritarismo para minar a los adversarios.

Escuchar al presidente de México informando a la nación de su decisión de no solicitar la remoción del Fiscal General de la República porque, a su juicio, no ha cometido delitos graves, debería ser considerado una alta traición a la patria.

En un país en el que la muerte violenta se apodera de sus calles, de sus colonias, de sus pueblos, de sus barrios y de todos sus espacios, escuchar al presidente reconocer que el principal encargado de la persecución de los delitos ha cometido delitos en el desempeño de su encargo y que, sin embargo, no está dispuesto a iniciar el proceso de remoción porque se trata de delitos leves, es tan grotesco que sólo se puede entender en la lógica de las ventajas que para el presidente supone contar con la incondicionalidad del Fiscal.

Todo el montaje del caso Lozoya, que tan ridículamente se le ha derrumbado al Fiscal y toda la tragedia institucional que significó el caso Cuevas–Morán se toleran desde Palacio Nacional porque sirven para mantener ataques contra rivales políticos.

Así, mientras desde la FGR se mantengan procesos abiertos en contra de figuras relevantes de los partidos de oposición, el señor Gertz puede hacer, prácticamente lo que se le pegue la gana con la institución clave en materia de persecución del delito y procuración de justicia.

La conclusión es que López Obrador decidió politizar el sistema de justicia. Esa es una historia que en México conocemos bien. A lo largo de todo el siglo XX las instituciones de procuración de justicia federal y estatales estuvieron al servicio de los intereses de presidentes y gobernadores y sirvieron para mantener a raya a los opositores.

Entonces, el gran cambio prometido por López Obrador consiste, precisamente, en repetir -con puntos y comas- el viejo guion de politizar las instituciones de justicia, atacando opositores para facilitar la vía de triunfos electorales sin verdadero apoyo popular.

Esta traición de López Obrador es de dimensiones enormes. Todo el esfuerzo institucional para construir una Fiscalía Autónoma y profesional fue tirado a la basura para recuperar una organización que no tiene puestas sus prioridades en la política criminal sino en la continuidad electoral.

En ese escenario se mueve el crimen. Bajo ese contexto mueren miles de mexicanos por las balas de la delincuencia. En esa realidad funciona el encarecimiento de la operación de millones de negocios que tienen que incluir en sus costos el pago de derechos de piso. Bajo ese esquema de impunidad generan millones de dólares los asesinos del tráfico humano.

La decisión política de López Obrador significa la más alta traición al pueblo de México y demuestra que la ambición por el poder conduce, generalmente, a la más catastrófica derrota moral de la 4T.

Humberto Aguilar Coronado es Diputado Federal en la LXV Legislatura de la Cámara baja.

Twitter: @Tigre_Aguilar_C