La informalización de la política

“La informalización política es el desmoronamiento de un país”. Con esta lapidaria frase Carlos Castillo Peraza comenzaba su despedida de la presidencia de Acción Nacional, con un encuentro ante legisladoras y legisladores, que tuvo lugar en febrero de 1996. Ahí, Carlos alertaba sobre la posibilidad de que “si fallamos como partido y como Congreso: la política se va a informalizar”.

La idea de informalidad nace, en principio, de la economía: su evidencia es la proliferación de mútliples negocios que se dan al margen de las leyes y las instituciones, y representa “el signo sensible de la enfermedad económica de un país. Es una válvula de escape, pero nunca es una solución. La economía informal es el imperio de las mafias, de los que controlan las esquinas, del trabajo esclavo, de las pandillas, de la corrupción, de la mordida”.

En el caso de México, la economía informal ha sido la respuesta ante una pléyade de problemas de fondo: la desigualdad en la distribución de la riqueza, la falta de oportunidades de empleo, la casi nula movilidad social, la baja productividad de las empresas, la extensión de un sistema extractivo ajeno a la dinámica impositiva del Estado, la deficiente cobertura y la baja calidad de los servicios educativos y de salud, etcétera.

En economía, cuando se genera la informalidad, se rompen las reglas de la reciprocidad, de la llamada justicia conmutativa, las transacciones se vuelven desiguales, las distribuciones inequitativas y el sistema deviene un amasijo exótico de perversas relaciones de complicidad. La informalidad genera un esquema alternativo de transacciones no gravadas por impuestos que prolifera en la opacidad y la complicidad.

La informalización de la política es una destrucción de las constelaciones públicas: instituciones, administración pública, gobierno, capacidades de gestión, servicio público, comunicación y propaganda gubernamentales. La informalización lleva al alto cinismo de la vida pública, que puede, en el peor escenario, llegar al extremo de la crueldad y la perversidad, destruyéndose así las bases mismas de la sana convivencia social. Este proceso de degeneración atenta directamente contra los mecanismos civilizatorios y culturales: rompe las bases del orden social y genera una forma de ser guiada por imperativos de corto plazo y de rentabilidad inmediata.

La informalización representa la suprema degradación de la política, su entrega a mafias y grupos, que al final consolidan lo que Moisés Naím llamó Estado mafioso. En un artículo de El País de 2012, Naím afirmaba que: “Siempre ha habido países cuyos líderes se comportan de manera criminal. Y en la mayoría de las 193 naciones del planeta la deshonestidad en el uso de los dineros públicos y la “venta” de decisiones gubernamentales al mejor postor son comunes. La corrupción es la ´norma´ y nos hemos acostumbrado a que así sea. La suposición de que esto siempre ha sido y seguirá siendo así dificulta captar el ascenso de un nuevo actor en la realidad mundial: los Estados mafiosos… Se trata de países en los que el Estado controla y usa grupos criminales para promover y defender sus intereses nacionales y los intereses particulares de una élite de gobernantes”.

Cuando en lugar de políticos profesionales lo que abunda son vividores, mercenarios y oportunistas, estamos ante la suprema degradación de la República, de la cosa pública que por ser precisamente pública es de todas y todos y no patrimonio, y menos propiedad de grupúsculos, facciones y mafias.

La informalización degrada la vida democrática hacia un sistema político con tintes despóticos, autoritarios, tiránicos, naciendo así el nuevo Cesarismo en el que surgen nuevos sofistas y demagogos consolidados, en versión de charlatanes modernos con sus consignas y soluciones casi mágicas. Prosperan también quienes, como los antiguos sicofantas, basan su prosperidad en la confrontación y la camorra, en la división y el odio.

La informalización destruye la racionalidad de la administración pública y degrada la burocracia a mera oficina de colocaciones de cómplices e incondicionales. El proceso de las políticas públicas es destruido desde sus orígenes: el odio y el resentimiento reemplazan al diagnóstico, la ideología y la ocurrencia suplantan la implementación, el triunfalismo y la propaganda manipulada dolosamente ocupa el lugar de la sana evaluación.

La informalización es también el clima ideal para el triunfo supremo de la posverdad, que legitima las nobles mentiras de las que ya hablaba Platón en su República, como potestad de quienes gobiernen, y que llevó al juicio lacónico de Karl Popper de que el gran filósofo ateniense era un enemigo de la democracia.

Cuando la política se degrada en la informalidad se genera el caldo de cultivo ideal para el surgimiento del populismo en cualquiera de sus manifestaciones. Surge así el nuevo sujeto soberano, la masa amorfa y anónima que es conceptualizada como pueblo, lo que es una falacia monumental, ya que, parafraseando a Cicerón, sólo hay pueblo ahí donde hay un derecho común que se aplica para todas y todos por igual.

La degradación de la vida pública ha sido una de las causas profundas del malestar ciudadano que se expresa en apatía y alejamiento, a la vez que en disgusto, ira y miedo. En muchos países la política es hoy concebida como juego sucio y perverso, como negocio y beneficio de personas y grupos específicos. La política, cuando deviene informal, pierde dignidad, se degrada y se extingue como actividad superior y como medio óptimo para atender problemas no cotidianos.

En aquel ya lejano 1996, con voz profética, como lo solía hacer frecuentemente, Carlos Castillo Peraza sentenció de forma directa y clara respecto a Acción Nacional: “Somos el último reducto de la política en este país y tenemos que hacer un esfuerzo denodado por salvarla porque si no, iremos hacia la informalidad que acaba siendo el imperio de las mafias, de los grupos de presión, de los grupos armados, de los narcos, de los delincuentes, de los ricos, de las minorías profesionalizadas”.

No hay alternativas ni atajos posibles: ante la informalización de la política se debe sujetar al poder al mandato ciudadano, doblegarlo de tal manera que se responsabilice, atienda y sirva. Urge un poder que responda, que se comparta, que se distribuya y difumine por todo el tejido social, un poder claro y visible, un poder, noble, digno y decoroso.