La reunión de alto nivel: que EU apoye los programas sociales de López Obrador

Hace unos días, el Gobierno federal entregó a la Cámara de Diputados la propuesta de Paquete Económico 2022 a través del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Destaca en la propuesta la previsión de crecimiento económico de 4.1 por ciento para el año próximo y que en los Criterios de Política Macroeconómica se estima que la tasa anual de inflación será acorde con los objetivos del Banco de México estimados en una tasa anual de 3.4 por ciento.

Según el secretario de Hacienda, el Paquete Económico 2022 tiene como objetivos fundamentales consolidar las condiciones para la recuperación económica, desde la cual sea posible atender los retos que plantea la secular desigualdad a los que se suman los impactos sociales y económicos derivados del COVID-19.

Por ello, el Gobierno federal plantea que su Paquete Económico para el año 2022 se asienta sobre tres pilares fundamentales: mantener los programas de apoyo a la población más vulnerable, lo que se traduce en garantizar el fondeo de los programas sociales del presidente López Obrador, sean o no útiles para reducir la brecha de desigualdad que se proponen cerrar; garantizar la disciplina fiscal y, por tanto, la estabilidad y solidez de las finanzas públicas y establecer condiciones que permitan generar proyectos regionales de inversión que detonen el desarrollo mediante la generación de nuevos empleos.

Según el secretario de Hacienda, el PEF 2022 prevé un incremento para la Secretaría de Salud en un 27.76 por ciento para atención de la pandemia de COVID-19 y de 15.1 por ciento de manera general para salud, de manera que se cuente con recursos para la adquisición de vacunas, medicamentos y servicios de salud.

En términos generales, el Paquete Económico estima un incremento en los ingresos presupuestarios de 7.5 por ciento en comparación con el 2021, al alcanzar 6.1 billones de pesos. En virtud de que, al cumplir la mitad de la administración, ya podemos dar como un hecho que el Gobierno federal renunció de manera definitiva a la posibilidad de lograr una Reforma Fiscal que atendiera los problemas estructurales de la economía mexicana.

La capacidad gubernamental de lograr este crecimiento en los ingresos presupuestarios pasa necesariamente por el crecimiento en la recaudación.

Para alcanzar este propósito existen dos alternativas principales: primera, aumentar la eficacia recaudatoria, es decir, mantener la estrategia de que los sujetos obligados en el actual esquema fiscal cumplan cabal y oportunamente con sus obligaciones (estrategia que ha dado buenos resultados al Servicio de Administración Tributaria, sobre todo en el segmento de los grandes contribuyentes) y mediante la incorporación al sistema de nuevos contribuyentes, para lo cual se está lanzando una propuesta de simplificación que pretende ampliar hasta en un 30 por ciento la base de contribuyentes; al tiempo de detonar proyectos de inversión que generen nuevas empresas, nuevos empleos  y nuevos ingresos para el gobierno.

En este contexto debemos tratar de analizar la reunión que se celebró en Washington entre funcionarios mexicanos y de Estados Unidos, presentada como un modelo de colaboración para incentivar el crecimiento y el desarrollo económico.

Es evidente que para que México pueda apostar por regresar pronto y fortalecido al crecimiento económico, debe aprovechar sus ventajas competitivas y, entre ellas, la más importante, es su pertenencia al mercado más poderoso del mundo en la región de Norteamérica. Sin embargo, esa ventaja competitiva será inútil si los socios comerciales de la región perciben falta de certeza y seguridad en materia de inversiones por las políticas del gobierno mexicano.

Por ello, las señales de esa reunión y los mensajes enviados por la delegación mexicana pretenden enfatizar el ambiente de cordialidad y colaboración que se presentó entre ambas naciones; el regreso a la utilización de mecanismos políticos institucionales de procesamiento de la relación, que fueron dinamitados por la administración Trump, sobre todo, la coincidencia en visiones de los dos países sobre los retos y las acciones a emprender para garantizar la reactivación económica de la región.

México necesita urgentemente encontrar mecanismos en los que pueda suavizarse la tendencia del presidente mexicano de atacar públicamente, un día sí y otro también, a los empresarios extranjeros que invierten en México en el sector energético.

Se vuelve indispensable tener abierta una mesa de trabajo en la que se puedan explicar las decisiones normativas que violentan los derechos de las empresas que invirtieron en ese sector y en la que se puedan procesar los reclamos que recibe la vicepresidenta Harris.

Las mesas pactadas en la reunión de ayer serían suficientes para contar con mecanismos institucionales en los que puedan procesarse los asuntos derivados de la relación bilateral.

Sin embargo, la esquizofrenia del gobierno mexicano impide procesar los asuntos de la relación bilateral bajo los procedimientos utilizados por otros gobiernos. Por eso, el discurso público del gobierno de la República se centró en la carta que envió el presidente de México al norteamericano.

Esa carta tiene un propósito puramente propagandístico: reforzar la tesis de la superioridad moral que logra que el presidente del país más poderoso del mundo aporte recursos presupuestales a los programas de apoyo social diseñados por López Obrador.

El resultado central para México no será mejorar el flujo de inversiones y generar más y mejores empleos, sino mostrar cómo la potencia capitalista mundial apuesta por los programas sociales de López Obrador.

Humberto Aguilar Coronado es Director General de la Fundación Rafael Preciado Hernández.

Twitter: @Tigre_Aguilar_C