La trampa que puede acabar en tragedia

En el año 2007, tras la controvertida elección federal del año anterior, los principales grupos políticos de la izquierda mexicana impulsaron profundas transformaciones a las reglas electorales desde el texto de la Constitución.

La idea central de aquel proceso de construcción de acuerdo político era la de diseñar condiciones que garantizaran la equidad en la competencia electoral, impidiendo que alguno de los contendientes en las elecciones iniciara la competencia con ventajas indebidas o generara ventajas en el transcurso de la competencia.

Por ello, se regularon, entre otras cuestiones, la prohibición de la utilización de herramientas que propiciaran la inequidad, como el uso de recursos públicos, el uso de recursos privados en radio y televisión en favor o en contra de algún candidato, la intervención de agentes gubernamentales en apoyo a candidatos y el adelantamiento de las acciones de proselitismo electoral.

Así, las iniciativas legislativas que dieron origen a ese proceso parlamentario, proponían generar una definición puntual del concepto de precampañas electorales, establecer con claridad los actos y el tipo de acciones propagandísticas de las precampañas, la duración de las precampañas para presidente, senadores y diputados, es decir, la fecha a partir de la cual se podían realizar actos de proselitismo para las elecciones federales, y su duración, así como el origen de los recursos aplicados por los precandidatos durante la precampaña y la fiscalización de los mismos.

El gran reclamo que da origen al proceso político del que hablamos era el que exigía que el resultado electoral no estuviera condicionado por el acceso al dinero o al poder. Se trataba de impedir que los resultados electorales estuvieran predeterminados por el acceso a recursos públicos o privados, o por el ejercicio del poder público.

La reforma electoral del 2007 es, sin duda, la respuesta de las fuerzas políticas mexicanas al altísimo nivel de tensión y polarización que se generó en el proceso electoral federal del 2006.

En aquel año vivimos unas elecciones altamente competidas que, finalmente, generaron un fuerte nivel de polarización en el que la competencia quedó definida entre dos polos.

El resultado dejó claro que la polarización generada era de libro de texto, pues entre el primero y el segundo lugar la diferencia fue de menos de un punto porcentual, con una participación cercana al 60 por ciento del padrón electoral, los candidatos primero y segundo, acapararon poco más del 70 por ciento del total de los votos emitidos y, tras la jornada electoral, sobrevinieron una enorme cantidad de conflictos sociales y políticos, cuyas secuelas no han quedado del todo sanadas.

Así, la respuesta reformadora del sistema político mexicano tuvo el buen tino de poner medidas para que no se repitieran las condiciones de inequidad que acabaron detonando la polarización que vivimos en aquel proceso electoral.

Hoy contamos con reglas que definen puntualmente las obligaciones de los servidores públicos para no aprovecharse de su encargo para favorecer aspiraciones electorales, ni usando programas y recursos públicos, ni generando propaganda gubernamental personalizada para posicionar su imagen entre el potencial electorado.

Tenemos mecanismos para puntualizar la fecha a partir de la cual los partidos políticos pueden realizar sus procesos internos de selección de candidatos, los mecanismos de selección de candidatos, las fuentes de financiamiento para la realización de actos de proselitismo y el público objetivo al que deben estar dirigidas esas acciones proselitistas, así como las sanciones a las que pueden hacerse acreedores quienes violen esas reglas.

El andamiaje jurídico diseñado para ese propósito colocó a los partidos políticos, al INE y al Tribunal Electoral, como las instancias competentes para velar por el cumplimiento de las reglas en cuestión y para, en su caso, aplicar las sanciones que resultaran procedentes.

Sin embargo, los mexicanos estamos siendo testigos de una violación sin precedentes a las reglas electorales.

Los aspirantes a suceder a López Obrador desde la coalición gobernante han desplegado una aparatosa actividad proselitista desde finales del 2021 cuando el presidente dio el banderazo de salida a la sucesión del 2024.

Ahora, además, con más de cinco meses de anticipación a las fechas legales, han iniciado un proceso de selección de su candidato a la Presidencia de la República, y de dos candidatos al Congreso de la Unión, tratando de engañar a la ciudadanía, a la autoridad electoral y a los partidos que no forman parte del bloque gobernante, con el argumento de que eligen al Coordinador de los Comités de Defensa de nadie sabe qué.

En todos lados vemos propaganda que impulsa a Sheinbaum, a Ebrard y a López como los futuros presidentes de México. La cantidad de bardas rotuladas a lo largo del país es escandalosa. En todos los espacios noticiosos y en todos los medios impresos se ven, se escuchan y se leen entrevistas con los personajes que aspiran a la presidencia en una clara precampaña electoral que, tratando de ser generosos con el calificativo es, por lo menos, tramposa.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ha otorgado medidas cautelares en su vertiente de tutela preventiva para señalar a los precandidatos que, si siguen haciendo lo que están haciendo, incurrirán en violaciones a la ley que pueden generar que se les niegue el registro como candidatos al cargo por el que aspiran.

Por su parte, el Tribunal Electoral confirmó la legalidad de las medidas cautelares para que Sheinbaum, Ebrard y López se abstengan de realizar acciones proselitistas que fueron previamente otorgadas por la Comisión de Quejas del INE.

La trampa que se cocina chocará de frente con la legalidad y con el ejercicio de la función electoral. La trampa que se cocina profundizará la polarización en México. El desenlace puede ser más peligroso que el del 2006 y puede poner en riesgo la paz y la seguridad de la patria. Y López Obrador no será el estadista que México requiere.

Humberto Aguilar Coronado es Diputado Federal en la LXV Legislatura de la Cámara baja.