La violencia de género en las elecciones

El pasado 6 de junio se llevaron a cabo las elecciones más grandes del país, en donde la presencia de las mujeres en las candidaturas a los cargos de elección popular ha sido de las más nutridas en la historia.

De 69 mil 687 candidaturas que buscaron el voto para ocupar 21 mil cargos de elección popular, 35 mil 915 (51.5 por ciento) fueron abanderadas por mujeres.

Este logro hubiera sido impensable sin la extensa labor del Partido Acción Nacional en el impulso de leyes y reformas que, desde 2014, han avanzado en garantizar la paridad de género.

El trabajo de las y los legisladores panistas en favor de la paridad ha sido fundamental en este momento clave del país, frente a la disputa electoral de 15 gubernaturas y diversas alcaldías y ayuntamientos, así como la elección de 500 curules de la Cámara de Diputados a nivel federal.

Y es que, gracias a estos avances, en el 2021 hemos logrado disminuir la brecha de género que ha propiciado que únicamente nueve entidades federativas hayan tenido a una mujer como gobernadora estatal.

Esa misma brecha que se traduce en que, en lo que va de este sexenio, únicamente dos mujeres ostenten el cargo de gobernadora y de jefa de Gobierno.

Esta disparidad que, traducida en cifras, revela que el 81.25 por ciento de los estados del país nunca ha tenido a una mujer como gobernadora, hasta ahora.

Sin embargo, a pesar de los innegables avances, queda un largo camino por recorrer para saldar la cuenta histórica que este país tiene con las mujeres que participan en la política. Vale recordar que, en este periodo, las agresiones a las y los aspirantes a ocupar cargos de elección popular se han incrementado a un nivel inaceptable de secuestro, homicidio y feminicidio.

Seis días antes de la jornada electoral del 6 de junio, Etellekt, consultora especializada en análisis de riesgo y políticas públicas, presentó su V Informe de Violencia Política en México 2021, que enmarca el periodo transcurrido desde el inicio del proceso electoral (7 de septiembre de 2020) hasta el 31 de mayo del año en curso.

Cabe destacar que, de acuerdo con los datos del informe, en este periodo se han superado las agresiones registradas en las elecciones de 2018, al sumar 782 ataques en contra de políticas, políticos, candidatas y candidatos, así como 89 asesinatos, de los cuales 14 se perpetraron en contra de mujeres, siete de ellas aspirantes y candidatas a un puesto de elección.

El derecho de las mujeres a ser votadas se vulneró por la violencia desatada en el proceso electoral de este año. La falta de seguridad hacia las candidatas hizo peligrar los avances en la representación equitativa de hombres y mujeres en cargos políticos. No podemos permitir que la violencia nos obligue a desandar el camino y volver a un concepto de democracia centrada en la figura masculina. Es necesario que el Estado garantice la protección a la integridad de las mujeres que participan en política.

No lo ignoremos: las agresiones en contra de las mujeres en la política aún son parte de la cotidianidad. Basta con observar las cifras del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, del Instituto Nacional Electoral (INE).

Los datos pueden consultarse de manera pública y dan cuenta de 66 registros por violencia de género y 58 sanciones en contra de 45 hombres y 13 mujeres señalados como los perpetradores. Además, los estados con mayor hostilidad en contra de las mujeres en política son Oaxaca y Veracruz (ambas, con 19 denuncias), Campeche y San Luis Potosí (5 denuncias por cada estado) y Quintana Roo (4).

Las agresiones por motivos de género fueron perpetradas principalmente por presidentas y presidentes municipales (39 por ciento); regidoras y regidores (18) y periodistas (6), y se dirigieron a regidoras (51.52 por ciento), síndicas (12.12), presidentas municipales, diputadas federales y locales (7 en cada caso) y candidatas (9.09).

Las denuncias dan cuenta de una variedad de violencias: desde no permitir la participación de las mujeres en las discusiones y aprobaciones de las cuentas públicas hasta no convocarlas a sesiones; pasando por la no remuneración de su trabajo, el bloqueo del debido ejercicio de su cargo, las agresiones verbales cara a cara o a través de redes sociales y las declaraciones sexistas.

Las elecciones del 6 de junio han dado muestra no sólo de los avances en la representación de las mujeres en la participación política, sino también de la más encarnizada violencia política de género, que ha costado la vida de siete candidatas. No podemos claudicar en el señalamiento de estos hechos, pues no se puede alcanzar la paridad sin que existan garantías de que estos agravios no se repetirán en futuras elecciones.

Adriana Aguilar Ramírez es Secretaría Nacional de Promoción Política de la Mujer del PAN. Twitter: @adrixaguilar