Las prisas del obradorato

El gobierno del presidente López Obrador entró en una vorágine de prisas que, como siempre sucede, llenan sus acciones de errores, pequeños y hasta garrafales.

Al arranque de esta administración se planteó la idea de que López Obrador pasaría a la historia como el autor de una transformación de gran calado de la vida pública de México.

Se acuñó la frase que ha servido de slogan todo el sexenio y se sembró en el imaginario colectivo que este gobierno estaría a la altura de los momentos históricos fundacionales del México moderno: la Independencia, la Reforma y la Revolución.

Desde el inicio, el sello transformador del gobierno fue la destrucción. La lógica del gobierno fue fundar su oferta transformadora en la destrucción de las instituciones desarrolladas a lo largo de la fase transicional de México.

Los efectos más visibles de esa decisión se resintieron en los poderes y organismos autónomos, y en los programas de atención a las necesidades sociales en materia de salud, educación, justicia, seguridad y servicios públicos, entre otros.

Las estrategias de detonación pasaron por la imposición de asfixias presupuestales, incluyendo la eliminación de millones de pesos que desaparecieron sin dejar rastro, la presión y las amenazas políticas y mediáticas para forzar renuncias o para debilitar capacidades, la inacción legislativa, para desmembrar instituciones y la imposición de funcionarios afines que actuaran acatando las instrucciones del presidente.

Fue evidente que estas acciones causaron severos daños en la mayoría de las instituciones y programas atacados. También es evidente que el resultado de las estrategias destructivas fue el enorme daño que se provocó a la población en materia de servicios públicos y a la salud de la democracia mexicana que fue puesta, en varios momentos, en serios peligros.

Las destrucciones se justificaron, siempre, alegando que los programas y las instituciones estaban plagadas de corrupción. Sin embargo, a lo largo de los años de este gobierno, ni uno sólo de los programas destruidos o de las instituciones atacadas es motivo de algún procedimiento anticorrupción, lo cual resulta incongruente y absurdo si consideramos que la bandera emblemática del obradorato era, justamente, la lucha contra ese endémico mal nacional y que todas las cancelaciones se basaron en la existencia de corrupción en los procesos.

Los mexicanos vimos naufragar los logros alcanzados en materia de salud (se destruyó el Seguro Popular y se dañó de un modo que no se ha logrado resolver, el sistema de distribución de medicamentos), así como en materia de atención a madres trabajadoras y padres trabajadores (por ejemplo, con el emblemático caso de las escuelas de tiempo completo).

A cambio, el gobierno de López Obrador intentó sustentar su oferta transformadora en el cambio de paradigmas en materia de salud, de seguridad pública, de atención a la pobreza y de combate a la corrupción.

Para la Seguridad Pública se apostó, primero, por la creación de una Guardia Nacional de carácter civil. Esta primera apuesta fracasó. Se apostó entonces por la militarización definitiva de la seguridad pública. Esta segunda apuesta fracasó por sus inconstitucionalidades. La ola de violencia en que vivimos los mexicanos deja claro que el presidente López Obrador fracasó estrepitosamente en materia de seguridad pública.

Para la Salud Pública se apostó por cancelar el Seguro Popular y crear el INSABI. El fracaso de este esfuerzo fue tan rotundo y visible que el morenismo canceló el INSABI y apostó, ahora, por el IMSS-Bienestar. Este nuevo diseño consiste en centralizar la atención de la salud y sacar de la ecuación a las entidades federativas.

Hasta ahora los estados gobernados por Morena se han plegado a la decisión de López Obrador, pero siguen siendo millones de mexicanos los que carecen de los servicios de salud que proporcionaba el Seguro Popular. Así que en este tema el gobierno de López Obrador fracasó.

Independientemente de la popularidad del presidente, las mediciones de satisfacción con las acciones de gobierno y los servicios públicos demuestran que, para la mayoría de los mexicanos, la transformación propuesta por López Obrador es un rotundo fracaso.

Y así, frente al fracaso, al presidente le entraron las prisas. Se ve urgido de entregar resultados. La popularidad no sirve para entregar bienes públicos tangibles, ni para resolver los problemas diarios de la gente.

En esas prisas del gobierno hoy vemos a un gobierno que se salta, sin ningún pudor, todos los procedimientos legales para generar los planes de estudio que sirvan de base para la expedición de los Libros de Texto Gratuitos.

Ya no queda tiempo para cumplir la ley si quieren que López Obrador genere algún producto que le sirva para afirmar -desde el dogma- que la Nueva Escuela Mexicana ha sentado las bases para la construcción del Hombre Nuevo.

El paladín de las consultas populares y del gobierno que manda obedeciendo, decidió no generar las consultas que le impone la Ley General de Educación, con tal de distribuir libros de texto con los que se pueda argumentar que se ha consolidado una transformación de gran calado.

El ridículo de este esfuerzo es tan evidente que las redes sociales y los medios de comunicación están llenos de referencias a lo mal hecho del trabajo de la SEP, a los errores y torpezas de los editores y, sobre todo, a las violaciones legales que implican esos textos.

El absurdo es tan grande que la SEP decidió reservar por cinco años la información de las consultas públicas. Es evidente que el gobierno de López Obrador pasará a la historia, sólo que no por las razones que él soñaba. Primero su pretexto fueron los pobres, ahora su pretexto son las prisas.

Humberto Aguilar Coronado “El Tigre” es Diputado Federal en la LXV Legislatura de la Cámara baja.

X: @Tigre_Aguilar_C