Las próximas campañas electorales

Al presidente, a la candidata y a los candidatos que aspiran a ocupar la silla presidencial les llegó la impaciencia por iniciar su campaña, pero como las leyes tienen sus tiempos para librarse de ellas y que se les permita hacer proselitismo en fechas distintas a las señaladas, encontraron un método que disimula y encubre un procedimiento ilícito.

La ley indica que cuando hay elección presidencial, como la que tendremos en 2024, “las precampañas darán inicio en la tercera semana de noviembre del año previo a la elección”. Este plazo es obligatorio para todos los partidos existentes, además, la ley contiene sanciones graves para quienes no las cumplan. Esta ley vigente, que fue promovida hace algunos meses por Morena y López Obrador, señala que la violación a esas disposiciones será sancionada con la negativa de registro como precandidato.

Pero actualmente, ante los propósitos de Morena y López Obrador, esta ley, que ellos mismos aprobaron, es un obstáculo, ya que les impide realizar actividades de proselitismo y de difusión de propaganda por ningún medio antes de la fecha de inicio de la precampaña. También es un obstáculo para la oposición, ya que no podrán iniciar acciones de proselitismo y difusión de propaganda antes de las fechas legalmente señaladas. Si así se aprobó la ley deberá ser cumplida.

Pero cuando la ley no acomoda a ciertos intereses se busca la forma de evadirla y este caso no ha sido la excepción. López Obrador y su partido dicen haber encontrado la forma de burlar esa ley con una argucia: “su propaganda no dirá que están eligiendo candidato (a) presidencial, sino que van a elegir a un coordinador (a) de su movimiento”. Sería deseable que el Consejo General del INE y el Tribunal Electoral, que tienen a su cargo el aceptar o no esta salida, obligaran a los partidos a cumplir las leyes, esto fortalecería la confianza que los mexicanos han depositado en estas instituciones y ayudaría a que los mexicanos tuvieran muy claro que las leyes vigentes deberán ser respetadas y, en el caso de no considerarlas adecuadas, proceder a sus reformas, pero mientras esto no ocurra, las leyes deberán ser acatadas.

Sería muy lamentable que al INE y al TRIFE, instituciones que han merecido la confianza y el apoyo de los mexicanos, pudieran retirárselos al comprobar que se prestan al engaño y la falsedad para satisfacer intereses personales, faltos de legitimidad. Esperamos que por el bien de México esto no suceda.

Además, los tiempos para las campañas, que legalmente se señalaron con la participación de quienes debían hacerlo, lo hicieron con la certeza de que eran los adecuados y a ellos habrán de sujetarse las próximas campañas. Si ahora se viera que la duración de las campañas requiere ser modificada, habrá de hacerse en su momento y por los canales establecidos. Además, las campañas de la próxima elección nos podrán dar una más amplia información de lo que para su realización sea lo más conveniente. Cuando se aprobó la ley vigente se hizo con los estudios necesarios y la actual realidad no presenta hechos que se consideren de aparición no prevista.

El calor que afecta a todos los mexicanos es real, y no sólo se refiere al clima político, sino al calor por la insuficiencia del agua que se ha visto agravada por la falta de una ley general y la deficiente vigilancia que ha dado lugar a tomas clandestinas. El tema del agua se ha vuelto un tema central.

Se afirma que el 97 por ciento de los títulos de concesión de aguas no tienen medidor y que el 93 por ciento no han sido verificados. Por otra parte, hay falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno para regular el uso del agua, lo que facilita la evasión en el cumplimiento de reglas.

Cada estado opera de manera independiente en los ordenamientos del uso de suelo y legalmente puede cambiar su régimen de agua sin que otras entidades puedan hacer algo al respecto. Cuando hay suficiente agua esto no genera problemas, pero cuando hay escasez algunas zonas son más afectadas que otras.

Sería deseable que muy pronto se proceda a revisar los convenios sobre uso del agua, a fin de adecuarlos a las necesidades generales y sobre todo a la consideración de las reservas de agua de que se dispone.

La candidata o el candidato presidencial habrá de considerar el tema el agua como prioritario en su plan de gobierno, ya que la solución de su abasto y distribución es de urgente necesidad.

María Elena Álvarez de Vicencio es Directora del Centro de Estudios para la Mujer Blanca Magrassi y Consejera Nacional del PAN.