Nuevo León: la codicia política que destruyó la promesa del pacto

En México, en los poco más de cuatro años que lleva la presente administración federal, los gobiernos locales hemos enfrentado las reducciones de recursos por transferencias federales con la justificación de una disminución en la Recaudación Federal Participable, derivado de la prórroga de contribuciones petroleras, con lo que las autoridades municipales nos encontramos haciendo esfuerzos para que los servicios públicos de mayor proximidad, así como la seguridad, no decaigan.

Pocas semanas faltan para la entrega de la estructura programática del Poder Ejecutivo Federal hacia el Legislativo, e iniciar la discusión del paquete económico 2024, que incluye la iniciativa de Ley de Ingresos (LIF) y el proyecto de Presupuesto de Egresos (PEF), y estamos atentos a que estas normativas impulsen a los municipios tras el declive actual de los recursos y de la cancelación de fondos de infraestructura y fortalecimiento importantes para el bienestar de los habitantes de una ciudad que sucedió hace cuatro años.

Desde hace algunos años, desde la ANAC y municipios de Nuevo León, hemos impulsado abrir la puerta al diálogo mediante la Convención Nacional Hacendaria del replanteamiento del Pacto Fiscal federal (Ley de Coordinación Fiscal) para considerar las problemáticas propias de cada región, que permita resolver deudas pendientes en materia presupuestaria, como la distribución actual del presupuesto nacional (80 por ciento se queda el Gobierno federal y 20 los gobiernos locales -Estatales y Municipales-) que fortalezcan a México y que haga más sólidos financieramente a los municipios. Incluso, en el estado de Nuevo León hemos sido impulsores para mejorar las reglas de distribución de nuestro propio Pacto Fiscal local (Ley de Coordinación Hacendaria) con una distribución más justa y clara a los municipios, y más recientemente el gobernador, siendo candidato, prometió mejorar las condiciones del Pacto Fiscal federal para Nuevo León y sus municipios.

Reconocemos que la coordinación implementada en el Pacto Fiscal federal de hace más de 40 años buscaba integrar un sistema tributario cooperativo y eficiente que evitara la multiplicidad y dificultad para la población en las contribuciones federales, estatales y municipales, y que logró el incremento de la recaudación nacional aprovechando las economías de la eficiencia de la concentración, así como las desconcentraciones de recursos en los años noventa.

En este mismo proceso, surgieron cambios constitucionales que dieron mayores facultades a los municipios, pero también mayores obligaciones, lo que empujó a los municipios a ampliar sus agendas, y con ella también las necesidades para atenderse hacia una ciudadanía cada vez más participativa y sabedora que sus necesidades del día a día se encuentran en la ciudad. Sin embargo, estos cambios no vinieron acompañados con las modificaciones suficientes en materia presupuestaria, y hoy en día, las necesidades han rebasado la suficiencia financiera de los gobiernos municipales, que empeora reconociendo las grandes divergencias entre los casi 2 mil 500 municipios de México.

Ante esta realidad histórica y actual, diversos esfuerzos en distintas regiones se han hecho para soportar la situación financiera y no dejar de prestar los servicios: como los fondos estatales para desastres de Campeche, Aguascalientes, Baja California Sur y Tamaulipas, o el fondo para la seguridad en Guanajuato y Michoacán.

Nuevo León no se ha quedado atrás: ante el reconocimiento de una necesidad de cambio de reglas al Pacto Fiscal, 28 Alcaldes de distinta filiación partidista presentamos una iniciativa de reforma a las reglas de distribución de las Participaciones Federales, que fue aprobada por el Congreso Estatal, pero detenida en su publicación por el gobernador, en el parteaguas de las negociaciones del Presupuesto de Egresos Estatal 2023 (PEENL).

La iniciativa a la Ley de Coordinación Hacendaria de Nuevo León (homóloga a la Ley de Coordinación Fiscal federal) buscaba ampliar el porcentaje de distribución de recursos superior del 20 por ciento que señala la norma nacional, para ser un estado modelo de prioridad municipal, como ya lo hace Baja California, Campeche, Colima, Jalisco, Querétaro, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco y Zacatecas, así como ajustar los criterios para fortalecer aún más a los municipios fuera de la zona metropolitana que se veían trastocados sólo por la consideración de la densidad poblacional.

Sin embargo, el gobernador aplicó un veto a la iniciativa aprobada y propinó un revés financiero-operativo a los municipios, defraudando la visión de su promesa de cambiar las reglas del Pacto Fiscal. Días después, el propio gobernador ofreció la creación de un Fondo Municipal como parte del Presupuesto de Egresos 2023 que sustituyera la iniciativa señalada.

Así, la modificación a las reglas del Pacto Fiscal local de Nuevo León se quedó pendiente, pero sí se logró fortalecer las finanzas de los municipios a través de un Fondo Municipal para este ejercicio fiscal. Sin embargo, tardó más días en formarse el acuerdo legislativo para aprobar el PEENL, lo que incumplió lo prometido con los municipios: Mientras que el PEENL incluye en su artículo 98 un Fondo Municipal a dispersarse en los primeros cinco días posteriores de publicarse el Decreto de PEE, y así sucesivamente de manera mensual hasta agosto, éste no se realizó, y al mes de mayo de 2023, ha seguido incumpliéndose a través del tiempo y de manera sistemática, afectando las inversiones en seguridad, mejoras a los servicios y la calidad de vida de los habitantes de nuestras ciudades.

No obstante, y posteriormente para tratar de dar una justificación más al incumplimiento, el gobernador instruyó a su Secretaría de Finanzas emitir Reglas de Operación para el citado fondo municipal por Decreto (no señaladas en el PEENL), las cuales fueron determinadas como ilegales, contradictorias y limitativas por el Poder Judicial, afectando en mayor proporción a los municipios pequeños.

Hoy la estrategia del gobernador es condicionar la entrega de los recursos de los municipios a una negociación política, poco ética y ajena a los presidentes municipales: que avancen las solicitudes del Poder Ejecutivo dentro del Poder Legislativo (dominado por partidos políticos distintos al de él) o en su caso, cambiar la filiación partidista del presidente municipal, y con esto, liberar los recursos del municipio aliado.

Asimismo, en las últimas semanas, ha intentado justificar el actuar del gobierno estatal con la misma baja de recursos de participaciones a nivel nacional de este año, situación por demás descartada, pues el estado de Nuevo León recientemente adquirió financiamiento por cerca de 5 mil millones de pesos (cantidad tres veces superior a la reducción de participaciones de los cuatro primeros meses de este año).

Hoy la esperanza de los municipios de Nuevo León descansa en una estrategia legal de denuncia por incumplimiento de la Ley (PEENL), que si bien es una alternativa que requiere sus tiempos y procesos, reconfigura una realidad política del estado de Nuevo León, en donde asumen que la coerción presupuestaria es la moneda de cambio para obtener poder político.

En una reflexión profunda, hemos encontrado que los beneficios de la promesa se consumen con la inexperta realidad de los logros e incumplimientos: en Nuevo León se planteó la necesidad de rehacer el Pacto Fiscal para fortalecer financieramente a los municipios, y terminamos sometidos financieramente por una autocracia de instrucción centralista, no pudiendo avanzar ni siquiera en las reglas de nuestro Pacto Fiscal local para fortalecer a los municipios de nuestro estado.

Daniel Carrillo Martínez es Presidente Municipal de San Nicolas de los Garza.