Salvaguardar la economía familiar

Desde el año 2000, cuando la inflación alcanzó un valor de 8.9 por ciento, México no experimentaba un proceso inflacionario como el que se observa en los últimos meses. Durante agosto y septiembre de 2022 el registro de inflación anual fue de 8.7 por ciento, tres veces mayor al último registro de 2016 (año en el que Acción Nacional dejaba con buenos números el gobierno) y dos veces mayor a la inflación registrada el último mes de 2018.

Si bien es cierto que para finales del año 2022 la inflación registró un valor a la baja, este aún era alto: 7.8 por ciento a tasa anual. El año 2023 también tuvo un comienzo difícil con registros muy cercanos al 8 por ciento anual.

Entre los productos de la canasta alimentaria que han presentado incrementos en sus precios promedio y que son superiores a los registros inflacionarios generales, observados durante el periodo 2018-2022, son el huevo con 53.56 por ciento, la tortilla con 43.04, la leche con 28.935, la carne de res con 23.77 y el aceite comestible con 44.67.

La inflación no es el resultado del contexto internacional como lo afirma el oficialismo, tampoco es consecuencia de las decisiones en materia económica de las administraciones previas. El alto valor inflacionario que hoy experimentamos los mexicanos es consecuencia de un gobierno que se ha preocupado por mantener un discurso que le garantice votos, pero no el tránsito hacia un nuevo estadio de bienestar.

La inflación no da tregua al bolsillo de las familias a pesar de las intentonas fallidas del Gobierno federal de implementar programas como el Paquete Contra la Inflación y Carestía (PACIC) y el Acuerdo de Apertura Contra la Inflación y la Carestía (APECIC), que fueron el resultado de la impostura del gobierno de López Obrador, en lugar de la aplicación de una verdadera estrategia de política pública cuyos resultados se concreten en beneficio para las y los mexicanos de menores ingresos.

Es preciso decir que a menudo nuestro país experimenta cambios en sus ingresos y egresos derivados de la expansión o contracción de la actividad económica. En estos periodos, el gobierno debe optar por medidas de política económica para reactivar o atenuar la caída de la economía. Sin embargo, hoy en día éste no tiene un conjunto de instrumentos que ayuden a contrarrestar los efectos de una recesión o una desaceleración de forma mecánica.

En momentos de abundancia, una de las reglas es que las personas o familias opten por el ahorro, ya sea para transacciones futuras, por motivos de especulación o de previsión. Los mismos motivos se sugieren que se lleve a cabo al campo de lo macroeconómico, en donde el gobierno es el que administra los recursos recaudados principalmente por impuestos. A este tipo de ahorro en especial se le conoce como fondo de emergencia.

Un fondo como este es un compartimiento de seguridad que se crea con el fin de afrontar y solventar eventualidades que dañen la estabilidad económica o financiera, el rendimiento de los activos o la salud de los ciudadanos por contingencia sanitaria o ambiental.

Por eso, el pasado 8 de febrero de 2023, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa que busca paliar las consecuencias de este fenómeno de precios. La propuesta se integra de la siguiente manera:

• Se garantiza desde la Constitución, el derecho de mujeres y hombres a contar con un apoyo para proteger sus ingresos y bienestar mediante la creación de un Fondo de Contingencia Inflacionaria (FCI).
• Se reforma la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para establecer el monto de recursos que alimentará el fondo, sus asignaciones presupuestarias, los criterios para su activación, el mecanismo de entrega del apoyo solidario y el uso de un porcentaje de los recursos en programas sociales cuando el fondo permanezca inactivo.
• Se reforma la Ley de la Industria Eléctrica para establecer la reducción de tarifas eléctricas hasta en 20 por ciento cuando la inflación sea superior al 7 por ciento anual.
• Se establecen medidas fiscales transitorias para aplicar una tasa de cero del impuesto sobre la renta a trabajadores que ganen menos de tres salarios mínimos diarios, medidas de apoyo fiscal para reducir al 50 por ciento el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios que se cobra por la enajenación de combustibles y mecanismos de apoyos en recursos a las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de artículos de consumo final de la canasta básica.
• El FCI busca apoyar con 2 mil pesos para gastos alimentarios a casi 20 millones de trabajadores y trabajadoras mayores de 18 años que ganan menos de tres salarios mínimos y que operará bajo el criterio de la temporalidad, es decir, estará activo en la medida que la inflación supere registros del 7 por ciento anual y sólo durante un periodo de cuatro meses.

A manera de conclusión es relevante decir que la inflación en México se ha convertido en un enemigo silencioso, pero letal. Y no es para menos, la escalada generalizada de los precios es el principal “devorador” de los ingresos de los mexicanos y el más agresivo en más de 20 años. Minimizar este fenómeno, es grave.

Por eso, Acción Nacional insiste en que se revise la propuesta y continúa exhortando al oficialismo, con mayoría en la Cámara de Diputados, a que rompan con la inercia de rechazar todo lo que “huela a oposición” y comiencen con la práctica legislativa de escuchar para rescatar las propuestas que sean viables y en beneficio de las y los mexicanos en contextos complicados como los que vivimos.

Es necesario que el oficialismo en la Cámara de Diputados escuche y no deseche con un único objetivo: garantizar mejores condiciones de vida a todas y cada una de las familias mexicanas.

*Área Económica de la Fundación Miguel Estrada Iturbide