Servidores públicos obligados a rendir cuentas

 Por Juan Pablo Castillo. "Que quede claro, tanto la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública como el Sistema Nacional Anticorrupción son ideas 100 por ciento panistas, pésele a quien le pese”: @Rocio_Reza Tras el gran rezago que vive México en materia de transparencia, la confianza de los ciudadanos respecto a los partidos políticos, sindicatos, instituciones y toda figura pública ha caído a niveles alarmantes, pues tienen la idea de que utilizan el erario para sus propios bienes o no dicen en qué lo gastaron. Para poner fin a esta situación, el PAN propuso que dentro del ya aprobado Sistema Nacional Anticorrupción se renovara la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ambas con ADN panista. Cabe mencionar que la ley ya fue avalada por Enrique Peña Nieto el pasado 4 de mayo. Rocío Reza Gallegos, diputada federal panista de Chihuahua e integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, destacó en entrevista con La Nación que con esta nueva Ley de Transparencia cualquier ente público que reciba recursos del gobierno está obligado a rendir cuentas. “A diferencia de la declaración patrimonial, en donde una persona puede presentarla más no hacerla pública, esta nueva legislación obliga a que cualquiera que trabaje en alguna institución y que reciba dinero del erario tendrá que mostrar de forma transparente su declaración, ya sea impresa o publicada en el sitio de internet correspondiente”, subrayó. La legisladora blanquiazul expuso algunos de los puntos que se aprobaron en la nueva ley, tales como transparencia en los sindicatos, apertura por parte de los legisladores, justificar la reserva de publicación, sanciones por falta de transparencia y que los institutos de transparencia sean vigentes. Los sindicatos que ejerzan recursos públicos deberán mantener impreso y en su sitio de internet la información sobre contratos y convenios entre el gremio y autoridades, y el padrón de socios, así como la relación detallada de sus recursos públicos y económicos. “Los gremios de maestros, petroleros y trabajadores del Estado deberán subir a sus páginas de internet toda esta información y serán en todo momento responsables de la publicación, actualización y accesibilidad de ésta”, apuntó. Ningún sindicato, continuó, podrá pasar por alto este punto, puesto que ya es hora de que expliquen en qué se gastan todo el dinero que el gobierno les otorga, como ejemplo tenemos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Esto también aplicará para los legisladores, tanto a nivel federal como local. Del dinero público que reciben por concepto de bonos, ingresos, prestaciones, primas, personal a su cargo, el objetivo de la comisión en la que laboran, gratificaciones y licitaciones de cualquier naturaleza, los legisladores tienen que explicar todos estos puntos de forma transparente. “Aunque muchos legisladores de otros partidos apoyaron la Ley, este es el punto que más les dolió aprobar a los diputados y senadores del PRI, porque ahora ya no podrán ocultar información y si lo hacen tendrán que pagar severas multas. El papel, tanto del PAN como el de la ciudadanía, fue presionar al Revolucionario Institucional para que votara en favor de esta ley”. Esta legislación detalla cuándo un sujeto obligado podrá reservar información y cuándo deberá hacerla pública a través de la prueba de daño y prueba de interés público. Podrán reservarla hasta por cinco años y, si el comité de transparencia del sujeto obligado así lo decide, añadir cinco años más. Sin embargo, cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos, delitos de lesa humanidad o corrupción, ninguna institución podrá reservar información. Instituciones como el Estado Mayor Presidencial, la Subprocuraduría Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, no estarán sujetos a transparentar su información y deberá discutirse si se abre un caso cuando exista una petición, aclaró. “Respecto a las sanciones por falta de transparencia la norma marca 15 tipos, entre ellas, no responder a solicitudes de información en los plazos señalados; ocultar, alterar, mutilar o destruir sin causa la información que tengan bajo su custodia; entregar información incompleta, en formato no accesible, o intimidar a los solicitantes de información”, explicó Rocío Reza. Las multas van de los 250 a los mil 500 días de salario mínimo según sea el caso. A quien persista en las infracciones, se le podrán aplicar multas adicionales de hasta 50 días de salario mínimo por día. En el punto relacionado a la vigencia de institutos de transparencia, en cada entidad federativa éstos deberán vigilar que los trabajadores de los rubros ya mencionados cumplan con sus obligaciones de transparencia, así como dar recomendaciones, términos y plazos para que cumplan con sus obligaciones. La verificación se dará a través de la revisión de los portales de internet y cualquier ciudadano podrá denunciar cuando no se cumpla. Todos están obligados a rendir cuentas y tendrán un año a partir de la entrada en vigor de la ley para adecuarse a ella. Cabe destacar que en este punto también se incluye el fortalecimiento y la autonomía constitucional del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI); ahora, dejará de depender del Poder Ejecutivo y será conformado por personas con perfiles limpios y que en verdad garanticen la transparencia a la ciudadanía. “Cuando se ponga en marcha esta ley, en aproximadamente dos meses, los bloqueos se acabarán y México comenzará a ser un país vanguardista en  transparencia, tal y como lo ha buscado el PAN por décadas”, concluyó. Impulsar la cultura de la transparencia A pesar de la aprobación del SNA y de la Ley de Transparencia, todavía falta mucho para que se dé al cien por ciento en México. Sigrid Arzt Colunga, ex consejera del IFAI, comentó a La Nación que esto es sólo el comienzo, ya que todavía faltan las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción y que la ciudadanía exija a los síndicos, políticos, o cualquier trabajador que reciba dinero del Gobierno, que rindan cuentas de forma transparente. “Tomó tres años la renovación de la Ley de Transparencia, en donde se agregaron más de 30 regulaciones para la presentación de informes, antes eran únicamente 12 y no estaban sindicatos, ni partidos políticos ni universidades autónomas. Además, de que todas estas instituciones, según lo marca la ley, tienen exactamente un año para crear un módulo o una división que se encargue de publicar los temas de transparencia y así evitar sanciones”, señaló. Lo que comúnmente hacían los sindicatos de PEMEX, SNTE, IMSS, PGR, por decir algunos, era decir que no se podían transparentar los recursos porque pasaban a formar parte de las cuotas sindicales. Ya no podrán dar esa respuesta dado que la ley los obliga a crear una unidad de transparencia, en donde toda esa información estará accesible a los ciudadanos. Arzt Colunga destacó el gran avance de esta ley. Sin embargo, consideró que todavía es muy temprano para celebrar, puesto que aún faltan otras temáticas, entre ellas impulsar la cultura de transparencia en los mexicanos y que la sociedad civil siga acompañando a los legisladores para la redacción de las leyes secundarias del SNA y la aplicación de esta ley. “Hay estudios que prueban que la gente quiere saber en qué se gastó el dinero el Gobierno federal, para eso necesitamos una sociedad civil sumamente activa, que exija que se cumplan estas obligaciones. Este será un desafío monstruoso tanto para las instituciones como para las organizaciones de la sociedad civil”. Es necesario, prosiguió, crear más organizaciones que garanticen la transparencia en los estados. Esto ayudará a generar una sociedad civil pro activa que exija el funcionamiento de la ley, de nada sirve una nueva o renovada Ley de Transparencia si no se exige su práctica. Las organizaciones estatales servirán como una segunda instancia en caso de que los síndicos o políticos no quieran mostrar la información pedida por la ciudadanía; si esto se presenta, entonces las oficinas estatales pueden acudir al IFAI y realizar el trámite correspondiente para otorgar la información solicitada. “La nueva Ley de Transparencia es sólo el primer paso, es necesario que la gente exija el acceso de la información de forma transparente, que los legisladores a la hora de redactar las leyes secundarias del SNA piensen en varios escenarios y que las organizaciones de la sociedad civil se esfuercen para que se pueda decir que hay transparencia en México”.