Una luz al final del túnel

Los ataques a los organismos electorales desde el grupo en el poder han sido una constante durante toda la administración de López Obrador.

Cuestionamientos infundados, acusaciones vanas, mentiras y reproches injustificados fueron la diaria tarea del gobierno y de sus bancadas en el Congreso de la Unión.

Mientras esos ataques y reproches se mantuvieron en la lógica de la retórica y el juego de declaraciones, aunque preocupantes por intentar afectar la legitimidad de nuestras autoridades electorales, los daños acababan de actualizarse pues, a pesar de todo, la sociedad mantuvo un fuerte apoyo al INE y a los organismos electorales locales.

Sin embargo, cuando la Cámara de Diputados decidió imponer al INE un recorte presupuestal del 26 por ciento la amenaza perdió su carácter retórico y se convirtió en un peligro real, por el cual la mayoría indolente en la Cámara de Diputados determinaba impedir el cabal cumplimiento de las funciones constitucionales del organismo electoral nacional mediante la asfixia presupuestal. La jugarreta era clara, la Cámara de Diputados apostó por impedir que el INE cumpliera a cabalidad sus obligaciones constitucionales y legales, negándole los recursos necesarios para llevarlas a cabo.

Recordemos que, en el mes de noviembre del año pasado, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados emitió un Dictamen con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022 en el que se aplicaba el INE una reducción presupuestal equivalente a $4,913,000,000.00, mismo que fue aprobado por el Pleno de la Cámara, sin modificaciones a pesar del intenso debate que generamos desde Acción Nacional y el resto de los partidos de la alianza, el trece de noviembre pasado, y con el que se aprobaba un presupuesto total para el INE de $19,736,593,972.00.

El recorte en cuestión no fue justificado con ningún argumento, pero en el INE quedó claro que se les negó el importe necesario para cubrir los costos de las, en ese momento aún sólo probables, consultas, popular y de revocación de mandato, que la ley contemplaba para el año 2022.

Por ello, el siete de diciembre de 2021, el INE promovió una controversia constitucional reclamando la invalidez del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, específicamente en relación al Anexo 32 por el que se aprueba la reducción al ramo 22 del INE por casi 5 mil millones de pesos.

Tras un largo y desafiante proceso deliberativo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró, en su sesión celebrada el primero de este mes, que resultó fundado el argumento relativo a que la Cámara de Diputados no motivó reforzadamente la modificación que hizo al anteproyecto que presentó, en atención a su calidad de órgano constitucional autónomo; además de que tal ajuste compromete las funciones del INE, lo que puede traducirse en una franca violación a los derechos fundamentales de carácter político-electorales.

En el caso concreto, sostuvo la Primera Sala, la Cámara de Diputados redujo en más de 26 por ciento el presupuesto solicitado por el INE sin motivar en ningún sentido dicha disminución.

Si bien la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva de modificar la cantidad originalmente solicitada por el INE, lo cierto es que debía cumplirse con un estándar de motivación reforzada que diera cuenta de las razones objetivas y justificadas para realizar una reducción, ello al estar en juego dos garantías relevantes: la autonomía presupuestal de los órganos constitucionales autónomos y la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía.

Por lo tanto, la Primera Sala consideró que la reducción que realizó la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2022 careció de una motivación en la que se demostrara que los recursos asignados al INE eran, en principio, suficientes para colmar los gastos generados en cumplimiento de las obligaciones constitucionales de ese organismo y, en consecuencia, que no se causaba afectación ni a su autonomía, ni a los derechos político-electorales de la ciudadanía.

Por ello, la Primera Sala determinó que lo procedente era declarar la invalidez del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, en específico, el presupuesto asignado al Instituto Nacional Electoral.

Como puede observarse, más allá de los efectos que pueda tener esta sentencia en la asignación de recursos presupuestales que ya no tienen utilidad, pues la Consulta Popular no fue solicitada y, por lo tanto, no requirió asignaciones presupuestales, y la Revocación de Mandato ya se desarrolló con las limitaciones que impuso el recorte reclamado, lo verdaderamente relevante es lo siguiente:

Es cierto que la Cámara de Diputados tiene la facultad exclusiva para realizar modificaciones al presupuesto solicitado por el INE y por el resto de los órganos autónomos.

Sin embargo, no puede realizar reducciones a ese presupuesto si no cumple dos requisitos: primero, debe demostrar que las asignaciones derivadas del recorte son suficientes para que el INE -y cualquier otro órgano autónomo- cumplan cabalmente sus obligaciones constitucionales; y, segundo, que la reducción aplicada no afecta el ejercicio de los derechos político – electorales de los ciudadanos.

Por ello, la Corte impone a la Cámara de Diputados un deber que rendirá sus frutos en las próximas discusiones presupuestales: para realizar recortes al presupuesto del INE se debe realizar una motivación reforzada que garantice que las reducciones no afectan de ninguna manera la autonomía constitucional del INE ni el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos.

Aunque seguramente se mantendrán las resistencias por parte de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, la definición conceptual de la Corte significa un dique fenomenal a las pulsiones destructoras de López Obrador. Por ello, la sentencia de la Primera Sala significa una luz al final del túnel que nos permite afrontar los siguientes retos con el optimismo que se deriva de contar con la razón jurídica ya confirmada por el máximo Tribunal.

Humberto Aguilar Coronado es Diputado Federal en la LXV Legislatura de la Cámara baja.