El árbitro electoral

Por Marco Antonio Adame Castillo. A juzgar por el desarrollo del proceso electoral y en particular de la jornada del 7 de junio, el nuevo Instituto Nacional Electoral (INE) superó la prueba en la primera etapa de su primera elección, luego de la reforma político-electoral. Lo hizo al concretar la celebración de elecciones ante la amenaza del boicot y al desarrollar el cómputo electoral en tiempo y forma. Lo anterior no estuvo exento de cuestionamientos y deficiencias que, desde ahora, apuntan a la necesidad de una nueva reforma a fin de perfeccionar nuestro sistema electoral y de avanzar en la consolidación de nuestra democracia. La complejidad de las más de 2 mil 700 elecciones simultáneas y la aplicación de las nuevas reglas para la competencia electoral hacen más relevante el desempeño institucional del INE. Pero sobre todo el desafío de acreditar, en los hechos, que su desempeño refleje el espíritu que animó a las fuerzas políticas y a los legisladores que le dieron forma y que su actuación haya sido en beneficio de una ciudadanía cansada y desconfiada de la política, de los políticos, de los partidos y de las elecciones. La reforma creó el Servicio Profesional Electoral Nacional con la idea de profesionalizar a sus funcionarios. Creó el INE con facultades para designar a los consejeros de los organismos electorales locales, para supervisar y emitir lineamientos para ese efecto, para instalar casillas únicas en elecciones concurrentes y con la posibilidad de organizar elecciones locales a solicitud expresa. Con todo esto se buscó acotar la discrecionalidad de los gobernadores y garantizar un suelo más parejo en las elecciones. Con la idea de acotar la influencia indebida de la cartera de gobiernos o poderes fácticos en las elecciones, se dispuso que todas las finanzas de las campañas locales y federales quedaran bajo la fiscalización del INE y que ésta se hiciera a la par y no al término de las campañas. Adicionalmente, se estableció un sistema de nulidades  de elecciones a causa del rebase hasta en 5 por ciento del tope de gastos de campaña autorizado, por la compra ilegal de tiempo en radio y televisión y por la recepción de recursos de procedencia ilícita. El propósito fue garantizar la equidad en el proceso y su desenlace está en curso al momento de calificar la elección y de atender las demandas de los cientos de procesos que se han judicializado. Con igual rigor se espera que el INE actúe en la fiscalización de la propaganda a fin de sancionar conductas ilegales, rubro en el que ha dejado mucho que desear ante los abusos sistemáticos del PVEM, sea por la dilación de las sanciones o por la poca efectividad de las medidas sancionadoras para inhibir el comportamiento ilegal de éste y otros partidos. En la etapa post electoral se espera que someta a consideración de los tribunales con contundencia los casos que ameriten sanción por violaciones relacionadas con la propaganda, por actos anticipados de campaña y acceso a los medios de comunicación, en donde el INE no puede ni debe hacerse de lado, so pena de graves daños al ya cuestionado sistema electoral y a la justicia electoral que se debe a los participantes. En la etapa final del proceso electoral, el Partido Acción Nacional ha exigido que el INE cumpla con su responsabilidad y se comporte vigilando el cumplimiento de las nuevas reglas y manteniendo la debida relación institucional con los órganos jurisdiccionales para el caso de la concurrencia, a fin de calificar y sancionar conductas indebidas y para hacer efectivas las disposiciones de género que obliga a los partidos a garantizar la paridad en todas las candidaturas locales y federales. De igual forma, para exigir absoluta claridad y determinación ante la muy próxima definición de conservación del registro a los partidos que obtuvieron menos del 3 por ciento de la votación valida emitida para diputados federales. Independientemente de las consideraciones hechas en este artículo aún faltan mayores reflexiones sobre las diversas aristas del proceso electoral que nos permitan hacer una evaluación más precisa de la actuación del INE, a fin de identificar las reglas electorales que puedan mejorarse. A lo largo de su historia el PAN ha sido un incansable luchador y activo promotor de la democratización del país y del mejoramiento del sistema electoral; al concluir las elecciones de 2015 seguramente será el primero en aportar sus propuestas para mejorar las condiciones de equidad y justicia electoral, sobre todo ahora que las nuevas formas de participación política representada por los candidatos independientes, la disminución en la participación ciudadana y la influencia de las redes sociales, por citar tres aspectos relevantes, nos interpelan y demandan nuevas respuestas para una realidad política que anticipa una nueva época en la vida democrática y electoral de nuestro país. Marco Antonio Adame Castillo es Secretario de Acción de Gobierno del CEN del PAN. Twitter: @MarcoAdame